El Bombardier Learjet-60 modelo 2007, que la Fiscalía compró en diciembre de 2014, bajo la administración de Eduardo Montealegre, es uno de los activos más costosos y controversiales de la entidad.
Según Cambio, la aeronave fue adquirida por un costo de 4’800.000 dólares, de los cuales 2’700.000 dólares salieron de la póliza de Mapfre Seguros, que cubría al Beechcraft Super King 200, adquirido por la Fiscalía en 1999 y que se accidentó en Bahía Solano, Chocó, el 12 de junio del 2014 con tres personas a bordo. Los 2’100.000 dólares restantes fueron recursos propios de la entidad.
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Ese medio de comunicación también expone que, según la Fiscalía, el avión es utilizado “en actividades netamente institucionales, como desplazamiento de víctimas y testigos, traslado de funcionarios que estén exclusivamente en ejercicio de sus funciones, transporte de armamento propio de la Fiscalía General de la Nación y remisión de detenidos”.
“Sin embargo, la aeronave es la misma que usó el fiscal Barbosa para viajar a San Andrés con su familia en 2020, en medio del confinamiento nacional por la pandemia“, resalta Cambio.
Adicional al costo de compra que tuvo este jet, al erario público se le carga la suma que vale su mantenimiento cada año. El contrato más reciente para mantener en buenas condiciones el avión de la Fiscalía fue firmado el 27 de enero de 2023.
El costo inicial fue de 3.500 millones de pesos, con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022; pero se hizo una adición por 1.500 millones de pesos para prorrogar por dos meses el contrato.
En total, entre enero de 2022 y febrero de 2023 el valor del mantenimiento de la aeronave asciende a 5.170 millones de pesos, aproximadamente 367 millones de pesos mensuales.
La empresa a cargo de hacerle el mantenimiento al jet es Industrial Aeronáutica S.A.S., con sede en el hangar 90 del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín.