Conjuez que debía decidir sobre Cepeda fue abogado de Uribe: estalló el escándalo, quedó expuesto y no le quedó de otra que declararse impedido

La definición sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida estalló en escándalo cuando salió a la luz que el conjuez clave fue abogado de Álvaro Uribe y, tras hacerse público, no tuvo más opción que declararse impedido.

La definición sobre si Iván Cepeda podrá o no participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo, quedó envuelta en un nuevo escándalo político y jurídico que tiene como protagonista a un viejo conocido del uribismo. El abogado Alejandro Felipe Sánchez Cerón, conjuez llamado a desempatar la votación en el Consejo Nacional Electoral, terminó en el centro de la polémica por su estrecha relación con Álvaro Uribe Vélez, al punto de que, una vez todo salió a la luz, no tuvo más alternativa que declararse impedido.

La controversia estalló luego de que se conociera que Sánchez Cerón no solo ha estado vinculado al Centro Democrático, sino que hizo parte activa del equipo de defensa de Uribe en el proceso por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. Un hecho que, para muchos, hace imposible hablar de imparcialidad cuando quien está en juego es precisamente Iván Cepeda, uno de los principales contradictores políticos del expresidente.

Las dudas no son gratuitas. Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió a Uribe en segunda instancia, el propio exmandatario se encargó de destacar públicamente a Sánchez Cerón como uno de sus abogados de confianza. “Gracias a Dios. Gracias a mis abogados: maestro Jaime Granados, su equipo encabezado por el Dr. Barraza. Profesor Jaime Lombana y su equipo con el Dr. Guillermo Uribe. Jóvenes abogados Juan Felipe Amaya, Franklim Guevara, Víctor Mosquera, Alejandro Sánchez”, dijo Uribe desde su residencia en Rionegro, dejando clara la cercanía del conjuez con su causa judicial.

Lejos de desmentir esa relación, el propio Sánchez la ratificó en redes sociales con un mensaje que hoy pesa como una losa sobre su supuesta neutralidad. “Agradezco al expresidente @AlvaroUribeVel por su generosa mención. Es un honor acompañarlo en su defensa, bajo el liderazgo de los maestros @JGranadosPena y Jaime Lombana, y compartir equipo con profesionales de gran compromiso y desprendimiento intelectual como @JuanFelipe1985, @franklim_gb y @VictorMosqueraM”, escribió.

Con estas evidencias circulando ampliamente y bajo el escrutinio público, al conjuez no le quedó margen de maniobra. Sánchez Cerón presentó formalmente su impedimento y reconoció que recibió honorarios por su trabajo para el entorno político y jurídico de Uribe. “En ejercicio de mi profesión como abogado penalista, dentro del año anterior actué como apoyo de la Corporación Centro Democrático por Colombia para la causa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En particular, presté servicios profesionales a dicha corporación por los cuales facturé y recibí los honorarios correspondientes”, admitió en el documento conocido.

Más aún, el propio abogado reconoció que su actuación previa podía afectar la decisión en un caso donde Cepeda no es un actor cualquiera. “Desde esta perspectiva, considero que dicha circunstancia podría subsumirse en la causal antes transcrita, en tanto esta contempla el impedimento cuando el funcionario ha actuado como asesor de una asociación respecto de la cual puede advertirse un interés directo en el asunto objeto de decisión”, señaló, dejando claro que el vínculo con el uribismo hacía insostenible su permanencia en el caso.

El texto del impedimento va más allá y reconoce un punto clave que agrava la situación: “Dentro del proceso penal anteriormente referido fue reconocido como víctima el ciudadano Iván Cepeda Castro, respecto de quien recae la decisión electoral objeto del presente trámite”. Una frase que confirma lo que ya era evidente para la opinión pública: el conjuez estaba juzgando, desde una posición privilegiada, a un contradictor directo del político al que había defendido y cobrado honorarios.

Mientras tanto, el panorama en el CNE es caótico. El otro conjuez, Manuel Antonio Avella, no ha sido ubicado, el magistrado Altus Baquero, quien cambió su voto y forzó la figura de los conjueces, salió del país, y no hay mayorías claras para destrabar la decisión. En medio de ese escenario, Cepeda denunció un intento de bloqueo político y lanzó una advertencia pública: “Vamos a expresar nuestro claro rechazo a la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y también a que se intente bloquear nuestra candidatura y participación en la consulta del 8 de marzo”.

Lo que queda claro es que el intento de vestir de neutralidad una decisión atravesada por intereses políticos se vino abajo cuando todo se hizo público. La cercanía de Sánchez Cerón con Uribe no solo alimentó las sospechas, sino que terminó obligándolo a hacerse a un lado. Un episodio que vuelve a poner en cuestión la influencia del uribismo en los escenarios institucionales y deja al descubierto, una vez más, cómo las viejas lealtades pesan cuando se trata de frenar a quienes incomodan al poder de siempre.

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