En medio de aplausos, lágrimas y décadas de espera acumuladas en el pecho, 2.300 madres comunitarias dejaron de ser invisibles y pasaron a ser, por primera vez en la historia, trabajadoras oficiales del Estado colombiano. Lo que durante más de 40 años fue promesa incumplida, hoy se convierte en realidad bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, que puso en marcha la formalización laboral más ambiciosa en el sector del cuidado infantil.
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El anuncio se hizo en Ciudad Bolívar, durante el Encuentro por la Dignificación Laboral de las Madres Comunitarias, donde el Gobierno destacó la implementación del artículo 68 de la Ley 2466 de 2025, la Reforma Laboral que abrió la puerta a la vinculación progresiva de madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como trabajadoras oficiales.
No es un gesto simbólico. Es un giro estructural. El proceso, reglamentado por el Decreto 1398 de 2025, ya creó 2.353 cargos oficiales y se extenderá hasta 2029, con una proyección que podría formalizar entre 40.000 y 60.000 personas. Una cifra que sacude la historia laboral del país.
Vinieron madres comunitarias que por primera vez conocían Bogotá. Me conmovieron las de vichada y otras más…Logramos lo que era inimaginable y es reconocer en los Hogares comunitarios y en general que un sistema de cuidado comunitario puede y debe ser público y directo. Si, yo… pic.twitter.com/XxRYA3yGOx
— Astrid Cáceres (@AstridCaceresC) February 19, 2026
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue contundente al explicar el alcance del cambio: «Estamos saldando una deuda histórica con miles de mujeres que durante décadas sostuvieron la política de primera infancia sin derechos laborales plenos. El proceso de vinculación se desarrollará de manera gradual y proyecta la formalización de entre 40.000 y 60.000 personas antes de 2029. Con la implementación del artículo 68 de la Reforma Laboral, el Estado reconoce que cuidar también es trabajar, y garantiza estabilidad, seguridad social y dignidad laboral. Con el salario vital que defenderemos hasta el último suspiro podemos decirles que con dignidad cumplimos».
Las palabras no quedaron en el aire. Con el Decreto 0586 de 2025, el Gobierno reconoció oficialmente la labor de las madres comunitarias como empleo público de nivel asistencial, permitiendo su vinculación mediante contrato a término indefinido y con remuneración equivalente, como mínimo, a un salario mínimo mensual legal vigente. Lo que antes era informalidad, ahora es estabilidad. Lo que antes era precariedad, ahora es seguridad social, prestaciones y garantías plenas.
MISERABLE QUE LAS MADRES COMUNITARIAS DE COLOMBIA NO HAYAN TENIDO UN SUELDO
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 18, 2026
"Cuando pedimos los impuestos a los más ricos de Colombia, nos dicen que el país se va a destruir; entonces, para la prensa es mejor no poner impuestos, pero para la prensa no es miserable dejar a las… pic.twitter.com/T4KxbCkvYl
La directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, lo resumió con una frase que marca un antes y un después: «Hoy el Estado colombiano reconoce que el trabajo de cuidado no es voluntariado ni informalidad: es empleo digno. Con la implementación del artículo 68 de la Ley 2466 de 2025 estamos transformando una labor históricamente invisibilizada en el trabajo oficial del Estado, con estabilidad, seguridad social y garantías plenas. Esta formalización no solo dignifica a las madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles; también fortalece la calidad de la atención a la primera infancia y consolida una política pública de cuidado con enfoque de derechos».
El propio presidente Petro celebró el paso dado, aunque dejó claro que esto apenas comienza. “Hemos dado un pasito. A mí me gustaría que Astrid no hubiera traído un listado de 2.300, sino de 5.000, de 10.000”, afirmó ante centenares de asistentes, dejando claro que la meta es mucho más ambiciosa y que la transformación no se detendrá.
Además, se reconoce el trabajo de las madres comunitarias como empleo público asistencial, con contrato indefinido como regla general y una remuneración basada en salario vital, gracias al liderazgo del presidente @petrogustavo. Superamos la precarización y la tercerización que… pic.twitter.com/H5r8d3tKzQ
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) February 18, 2026
Las cifras acompañan el discurso. Hoy el 72 % de los servicios opera bajo el modelo público comunitario, más de 45.000 unidades funcionan con mayor gestión directa en 30 departamentos y en territorios priorizados se registra una reducción superior al 40 % en muertes por desnutrición, además de una caída del trabajo infantil del 3,4 % al 2,9 %. No se trata solo de contratos; se trata de vidas protegidas.
Por décadas, miles de mujeres sostuvieron la política de primera infancia sin contrato, sin prestaciones y sin seguridad social. Ese capítulo empieza a cerrarse. La formalización que hoy avanza no es casualidad ni concesión: es una decisión política que solo se materializó en el Gobierno del Cambio. Y si las metas se cumplen, antes de 2029 Colombia podría presenciar la mayor dignificación laboral del trabajo de cuidado en su historia reciente.
