El Gobierno Nacional decidió patear el tablero contra uno de los males más enquistados de la política colombiana: la compra de votos. Esta vez no se quedó en discursos. Anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien denuncie y permita identificar dónde se están comprando votos o dónde se está moviendo ilegalmente a electores, práctica conocida como trashumancia. La decisión marca un giro contundente en la forma de enfrentar el fraude y envía un mensaje claro: al que compre votos, lo van a delatar.
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que la medida se implementará tras varias reuniones de Seguimiento Electoral junto al Ministerio de Defensa. “Al ministro de Defensa se le ha ocurrido una buena idea y se va a implementar el dar 50 millones de pesos de recompensa a quien logre determinar y decir dónde están comprando votos o dónde hay transhumancia”, afirmó sin rodeos. Y fue más allá al reconocer una verdad incómoda: “Todo el mundo sabe dónde se compran votos, pero la Policía no lo sabe”.
Desde Montería, en la Cumbre de Gobernadores, el ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, advirtió que las principales amenazas contra los puestos de votación son la violencia, la compra y venta de votos, el fraude y la desinformación.
— Mindefensa (@mindefensa) February 19, 2026
Indicó que la violencia puede ser promovida… pic.twitter.com/PBjDkpa4SS
Con esa frase dejó al descubierto el silencio que durante años ha protegido estas prácticas. Ahora el Gobierno busca romperlo con un incentivo directo a la ciudadanía. Las denuncias podrán realizarse ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y a través de las líneas oficiales habilitadas por el Ministerio del Interior y la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), que centraliza y tramita los reportes de irregularidades. La información deberá ser verificable y permitir la judicialización de los responsables para que proceda el pago de la recompensa.
La decisión se da en medio de un ambiente electoral sensible de cara a la jornada del 8 de marzo, cuando además se desplegarán 142 mil policías en todo el país para blindar los comicios. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la estrategia asegurando que “la nación no solo se protege con las armas, sino también con la transparencia”, dejando claro que la seguridad y la integridad electoral van de la mano.
El ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, anunció el uso de la #Línea157Anticorrupción para recibir denuncias por delitos electorales como la compra y venta de votos, tras la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Cúcuta.… pic.twitter.com/hosLLZaRwW
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Benedetti también advirtió sobre posibles riesgos en el diseño del tarjetón de la consulta presidencial. “En el tarjetón de la consulta se ve que no existe el voto en blanco. Si alguien no quiere retirar el tarjetón de la consulta, alguien puede marcarlo… lo que puede pasar es que alguien puede poner la X en el candidato que quiera el jurado u otra persona, así que eso es peligroso”, señaló, insistiendo en que es necesario cerrar cualquier puerta al fraude.
En defensa del presidente Gustavo Petro, el ministro fue tajante: “El presidente no está atacando a nadie, lo que está tratando es de blindar el proceso y que haya garantías para el voto sea libre”. El mensaje es claro: no se trata de polémica, sino de prevención.
Recuerde denunciar cualquier delito electoral en la Línea Nacional Anticorrupción 157. El gobierno ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien lleve a las autoridades al lugar donde se llevan a cabo: compra y venta de votos; violencia, amenazas o constreñimiento… pic.twitter.com/1GqSr873NK
— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) February 20, 2026
Lo cierto es que este es el gobierno que más le está poniendo la lupa a la compra de votos en estas elecciones. No solo habla de seguridad para candidatos o de esquemas blindados, sino que apunta directo al corazón del fraude que distorsiona la voluntad popular. La recompensa millonaria, el despliegue masivo de fuerza pública y las comisiones de seguimiento electoral en todo el territorio configuran una ofensiva sin precedentes contra quienes pretenden torcer la democracia a punta de billete.
Ahora la pelota está en la cancha de la ciudadanía. Si alguien sabe dónde están comprando votos, si conoce barrios, municipios o puestos de votación donde se esté ofreciendo dinero o trasladando electores ilegalmente, puede denunciar ante las autoridades y acceder a la recompensa. El Gobierno puso precio al silencio. Y esta vez, callar podría salir más caro que hablar.
