La discusión parece increíble. En un país donde millones de habitantes rurales todavía dependen de acueductos veredales, pozos, ríos, quebradas y agua lluvia, la representante abelardista Carol Borda utilizó precisamente esa precariedad para defender su posición contra el impuesto a las bebidas azucaradas. “Solamente el 9 % del territorio tiene agua potable rural, ¿sabes qué toman los que no tienen agua potable?”, lanzó durante el debate transmitido por YouTube.
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La respuesta de la representante Laura Beltrán, conocida en redes como Lalis, dejó expuesta la contradicción que rápidamente incendió las redes sociales. “Entonces, sigámosles dando bebidas azucaradas, o sea no planteemos desde el Congreso cómo llevamos agua, sino cómo les damos gaseosas”, replicó. Borda remató el cruce con otra frase que elevó todavía más la temperatura de la discusión. “Cuando estemos en Canadá hacemos ese tipo de impuesto”.
Los datos del DANE permiten dimensionar mejor el verdadero drama que quedó sepultado bajo la discusión sobre gaseosas. En 2024, entre hogares campesinos ubicados en centros poblados y rural disperso, el 41,9 % utilizaba principalmente acueductos comunales o veredales para preparar alimentos, el 19,5 % recurría a ríos, quebradas, manantiales o nacimientos y apenas el 13,5 % reportaba como fuente principal el acueducto público.
No podía creer lo que estaba escuchando. “Como hay zonas donde no llega el agua, démosles gaseosa”, lo peor es que hay gente que los defiende. 😳
— Lalis 🐆 (@smilelalis) September 7, 2026
Ya saben: dos tazas de arroz por 1 de gaseosa uva.
Lo único que hacen, como lo probé, es defender a Postobon y Bavaria. https://t.co/HMG25R0RYj
Y allí está precisamente el cuestionamiento político más incómodo para Borda. Si el diagnóstico es que existen enormes territorios rurales sin suministro seguro, la pregunta que queda flotando es por qué convertir semejante fracaso histórico del Estado en argumento para abaratar bebidas azucaradas y no en una razón para exigir inversiones que garanticen agua apta para consumo humano. Beltrán golpeó exactamente sobre esa contradicción durante la transmisión.
La controversia tampoco apareció en el vacío. Carol Stefanny Borda Acevedo es representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030 y pertenece a Salvación Nacional. Junto con Daniel Briceño, del Centro Democrático, radicó un proyecto destinado a eliminar los llamados impuestos saludables aplicados desde 2023 a bebidas azucaradas y determinados alimentos ultraprocesados.
Detrás de la batalla hay muchísimo dinero. De acuerdo con cifras divulgadas al presentarse la iniciativa, el impuesto saludable recaudó $2,88 billones durante 2024 y acumulaba otros $1,9 billones en lo corrido de 2026. Solo durante 2024, aproximadamente $2,39 billones correspondieron a productos comestibles ultraprocesados y unos $489.000 millones al gravamen sobre bebidas azucaradas.
Borda y Briceño sostienen que el impuesto golpea especialmente a tenderos y pequeños comerciantes. Fenalco ha respaldado esa tesis y asegura que los tenderos reportan una disminución del 25,4 % en ventas y del 47,27 % en sus márgenes. Epidemiólogos, sin embargo, han defendido estos impuestos argumentando que pueden modificar decisiones de compra, incentivar reformulaciones y disminuir la exposición a bebidas azucaradas.
A @MovSalvacionNal lo financió Postobon y Bavaria en la campaña congreso. Y lo más curioso es que son ellos mismo los de la propuesta de eliminar el impuesto saludable.
— Lalis 🐆 (@smilelalis) September 4, 2026
Se la pasaron gritando que les interesaban eran los tenderos, jaja sí claro. El pobre tendero de Ardila Lule.… pic.twitter.com/jeGgZIb8vC
La discusión adquirió además un ingrediente político explosivo. En redes se ha cuestionado que empresas relacionadas con la industria de bebidas hayan realizado aportes a Salvación Nacional. Información publicada a partir de registros de Cuentas Claras señala aportes de Gaseosas Lux y Bavaria a esa colectividad. Laura Beltrán llevó precisamente esa controversia a las redes. “Lo único que hacen, como lo probé, es defender a Postobón y Bavaria”, escribió después del enfrentamiento.
Y todavía hay una cifra que vuelve más difícil banalizar el problema rural. La Superintendencia reportó información de calidad del agua rural para 687 de los 1.104 municipios analizados y encontró apenas 150 municipios con agua clasificada como apta para consumo humano en ese ámbito, equivalentes al 13,6 % del total nacional. La cobertura de información, además, era incompleta, lo que obliga a interpretar prudentemente ese porcentaje.
Así, detrás del intercambio aparentemente pintoresco sobre gaseosas aparece una discusión mucho más seria. Colombia tiene una brecha rural de agua que ningún impuesto puede ocultar. Borda pretendía cuestionar una carga tributaria que considera perjudicial para consumidores y tenderos, pero terminó proporcionando a sus contradictores una imagen políticamente demoledora. Ante la falta de agua potable, la prioridad del Congreso debería ser conseguir agua, no convertir su ausencia en munición contra el impuesto a la gaseosa.
