Tres predios vinculados al gobernador de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara, tienen más del 80 % de su superficie superpuesta con la Ciénaga El Vidrial, un bien de uso público delimitado desde hace casi cuatro décadas. La resolución 202632000350876 de la Agencia Nacional de Tierras puso cifras concretas a una controversia para el mandatario departamental y determinó qué porciones coinciden con terrenos que jurídicamente pertenecen al dominio público. El caso fue retomado en 2024 bajo el Gobierno del expresidente Petro.
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La dimensión del caso deja preguntas inevitables para Zuleta. El folio 140-159758 presenta un traslape del 82,70 %, el 140-159759 llega al 84,05 % y el 140-172945 ronda entre el 18 % y 19 %. Es decir, tres propiedades registradas a nombre del gobernador están casi completamente superpuestas con el polígono de una ciénaga que el Estado había declarado bien de uso público desde marzo de 1988, es decir que esas tierras son de todos los cordobeses.
El expediente tiene una historia de más de cuarenta años. En 1983, el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria inició el proceso de deslinde de El Vidrial. Cinco años después, mediante la Resolución 28 de marzo de 1988, el Incora fijó sus límites y estableció su naturaleza de bien de uso público. La decisión quedó en firme mucho antes de que aparecieran varios de los folios posteriormente asociados al territorio.
Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, debe devolver tierras de una ciénaga que es bien de uso público en el departamento https://t.co/ym93EsZxUd
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 20, 2026
No se trata de una pequeña franja de agua perdida entre potreros. La Ciénaga El Vidrial supera las 255 hectáreas y está ubicada en zona rural de Montería, dentro de un sistema de potreros y caños conectado con el río Sinú. El problema surgió porque la determinación administrativa de 1988 no terminó reflejada completamente en el registro inmobiliario y diferentes terrenos continuaron circulando como propiedades privadas durante décadas.
Ahí aparece uno de los datos más escandalosos del expediente. La ANT revisó 66 folios de matrícula inmobiliaria activos relacionados con el área. Encontró que 15 estaban completamente dentro del polígono de la ciénaga, otros diez presentaban superposiciones parciales que iban desde aproximadamente el 17 % hasta más del 94 %, mientras los 41 restantes no registraban traslape. Entre los diez casos parciales aparecen precisamente los tres folios de Zuleta.
Lo determinado en la resolución es que las porciones coincidentes con la ciénaga forman parte de un bien de uso público previamente delimitado. Para los predios parcialmente superpuestos, continúa el procedimiento de clarificación únicamente sobre las áreas remanentes que se encuentran por fuera del polígono público.
Zuleta ha respondido asegurando que adquirió los terrenos de buena fe y con documentación que consideraba jurídicamente válida. También sostiene que existen actuaciones administrativas pendientes y que debe garantizarse el debido proceso antes de presentar conclusiones definitivas sobre las áreas privadas remanentes. Contra la resolución proceden recursos de reposición y, subsidiariamente, apelación, por lo que la controversia administrativa todavía tiene caminos jurídicos abiertos.
!No!, la élite blanca y terrateniente de Montería debe saber y se lo dije a Erasmo, el gobernador, que la articulación de esa élite de hacendados feudales a la mafía armada de la cocaína, que venían como genocidas desde Santa Rosa de Osos y con las armas genocidas que envió… https://t.co/Cd9cEovwWI
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2026
Pero la respuesta del gobernador también escaló contra la prensa. Después de que Noticias Uno publicara un informe sobre El Vidrial, Zuleta calificó lo ocurrido como “sicariato periodístico” y divulgó apartes de una solicitud de rectificación enviada al medio. El mandatario rechazó cualquier interpretación según la cual se hubiera apropiado deliberadamente de terrenos públicos e insistió en que sus adquisiciones se hicieron de buena fe.
La resolución, sin embargo, deja establecidos los porcentajes de superposición y el antecedente administrativo de 1988. Eso significa que la discusión sobre la buena fe con la que pudieron adquirirse los terrenos es diferente de la naturaleza jurídica de las porciones coincidentes con la ciénaga. En dos de los tres folios vinculados directamente a Zuleta, más de ocho de cada diez partes del terreno registrado coinciden con el polígono público.
El caso no solo involucra al gobernador. La documentación menciona folios relacionados con la familia Berrocal Fernández, Luis Eduardo Berrocal Hoyos, El Coquito S.A.S. en liquidación, SAR Inversiones S.A.S. y otros particulares. Algunos aparecen completamente dentro del área delimitada. El expediente revela así un problema mucho más amplio sobre cómo un cuerpo de agua público terminó durante décadas fragmentado entre numerosos registros inmobiliarios privados.
#Córdoba | El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, felicitó a Abelardo de la Espriella tras los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial y destacó que, por primera vez, un monteriano llega a la Presidencia de la República. pic.twitter.com/UTopKoQTWZ
— LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) June 21, 2026
El Estado había definido desde 1988 qué pertenecía a la Ciénaga El Vidrial, pero la decisión no se trasladó adecuadamente a todo el sistema registral. Después vinieron transformaciones institucionales, subdivisiones, compraventas y herencias. Solo décadas después, los cruces técnicos, catastrales y geográficos permitieron establecer cuáles matrículas terminaban montadas sobre el polígono de la ciénaga.
Para Erasmo Zuleta, integrante del Partido de la U y actual gobernador de Córdoba, el problema tiene además una inevitable dimensión pública. No es un ciudadano cualquiera discutiendo exclusivamente los linderos de una finca. Es la máxima autoridad política departamental explicando por qué tres propiedades registradas a su nombre presentan superposiciones considerables con un ecosistema que pertenece al dominio público y cuya delimitación estatal antecede por décadas a esos registros.
La controversia seguirá teniendo recursos, trámites y discusiones sobre las áreas remanentes. Pero hay una realidad administrativa que resulta difícil perder entre documentos y porcentajes. La Ciénaga El Vidrial fue delimitada como bien de uso público desde 1988. El desafío ahora es que esa condición finalmente tenga consecuencias efectivas sobre el territorio y los registros. Porque una ciénaga pública, independientemente de quién aparezca en una matrícula inmobiliaria posterior, no deja por ello de pertenecer al dominio público.
