Corficolombiana compró el 51 % de Sencia, la concesionaria que tendrá durante 29 años la administración y explotación económica de uno de los escenarios públicos más importantes y rentables de Bogotá. Ricardo Malagón, director de Al Punto, y la representante a la Cámara Laura Beltrán, Lalis, pusieron el dedo en uno de los puntos más sensibles del nuevo Campín.
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Y las cuentas que ahora enfrenta la administración de Carlos Fernando Galán son enormes. El proyecto contempla una inversión que supera los $2,4 billones, pero la entrega del nuevo estadio ya pasó de diciembre de 2027 a diciembre de 2028. Se levantan las voces que cuestionan el negocio privado alrededor del complejo y los retrasos de una obra que fue presentada con grandes anuncios desde la Alcaldía.
El señalamiento difundido en las redes sociales de Al Punto pone el foco precisamente sobre esa transformación. El proyecto ya no consiste únicamente en reemplazar las graderías de un estadio envejecido. La concesión comprende un complejo con hotel, zonas comerciales, espacios de entretenimiento, gastronomía, oficinas y otros usos alrededor del fútbol y los espectáculos, convirtiendo el histórico escenario bogotano en una operación económica mucho más amplia.
El tamaño del negocio tampoco es menor. La propia información institucional de Sencia señala que la concesión tendrá una duración exacta de 350 meses, equivalentes a 29,2 años. La compañía calcula una inversión de $1,2 billones en infraestructura y sostiene que esta duplicará su valor hasta alcanzar $2,4 billones. Documentos anteriores del Distrito presentaron el proyecto directamente como una inversión superior a $2,4 billones.
Aunque en el papel el terreno y las construcciones continúan siendo patrimonio distrital. Lo que recibe Sencia es la administración, operación, mantenimiento y aprovechamiento económico de la infraestructura durante el periodo establecido en la concesión que hasta ahora se planeta por 29 años.
Además, el cambió más contundente es quién controla mayoritariamente la concesionaria. En enero de 2026, Corficolombiana adquirió el 51 % de las acciones de Sencia. La empresa pertenece al conglomerado Grupo Aval y explicó que la operación representaba una oportunidad para diversificar su portafolio hacia actividades de construcción y operación de infraestructura de entretenimiento.
La polémica aumenta porque las promesas sobre los tiempos también cambiaron. La entrega del nuevo estadio estaba prevista inicialmente para diciembre de 2027. El 30 de septiembre de 2026, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán confirmó oficialmente otra fecha. El escenario, ahora proyectado para más de 60.000 espectadores, estará en funcionamiento solamente al finalizar 2028, un año después de lo anunciado originalmente.
Sencia rechaza que esa modificación pueda interpretarse simplemente como un incumplimiento suyo y ha explicado los obstáculos que enfrentó el proyecto. Su CEO, Mauricio Hoyos, aseguró que la licencia aprobada en enero recibió ocho recursos de reposición, resueltos el 19 de junio. A eso se sumó el estudio de tránsito, aprobado solamente el 15 de septiembre, antes del acta de inicio de construcción.
La explicación empresarial, sin embargo, no ha apagado las críticas. Desde el Concejo de Bogotá se ha cuestionado que durante meses se realizaran anuncios públicos sobre la transformación del escenario sin que avanzara todavía la construcción principal al ritmo esperado. También se han pedido explicaciones sobre el cierre financiero, los cambios en los cronogramas y las condiciones económicas bajo las cuales se desarrolla la APP.
Los cuestionamientos encontraron además otro ingrediente difícil de ignorar. Los terrenos sobre los que se levanta El Campín fueron donados para una finalidad deportiva y sus herederos llevaron la controversia hasta instancias judiciales. Una conciliación convocada por la Procuraduría fracasó el 6 de agosto y posteriormente fue presentada una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionada con las condiciones de aquella donación.
Los herederos cuestionan que el proyecto incluya actividades comerciales que, según su interpretación, desbordan el propósito para el cual se entregaron originalmente los terrenos. Sencia ha respondido que no participó en los contratos históricos de donación y sostiene que el proyecto cumple las condiciones legales aplicables. La controversia, por tanto, continúa abierta y no existe una decisión judicial definitiva que ordene devolver el terreno.
En medio de esa discusión, la administración Galán presenta un proyecto de nuevo estadio que tendrá capacidad superior a 60.000 espectadores, techo retráctil, gradería automática, 225 suites, más de 800 cámaras y una pantalla exterior de aproximadamente 400 metros cuadrados. La altura de la estructura también pasará de 27 a unos 70 metros, según la información oficial.
La administración sostiene además que el modelo no exige desembolsos públicos para construir el complejo. Cuando se firmó el contrato, Galán aseguró que permitiría desarrollar una enorme obra de infraestructura social “sin que el Distrito y los bogotanos tengan que invertir un solo peso”. El concesionario obtiene a cambio derechos de operación y aprovechamiento económico durante las casi tres décadas establecidas contractualmente.
Ese es precisamente uno de los puntos que vuelve relevante el escrutinio planteado por Al Punto y la Representante Lalis. La discusión no consiste solamente en saber cuándo habrá nuevas graderías. Está en juego quién administra uno de los activos públicos más emblemáticos de Bogotá, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones explota económicamente el complejo y qué recibe la ciudad a cambio.
La dimensión territorial también impresiona. Las cifras han variado según las etapas y documentos del proyecto. La adjudicación de 2023 hablaba de un polígono de aproximadamente 174.000 metros cuadrados, mientras Sencia actualmente informa un área de desarrollo cercana a 167.000 metros cuadrados. En cualquier caso, se trata de una gigantesca porción estratégica ubicada en pleno corazón de Bogotá.
El fútbol tampoco desaparece de la discusión. Santa Fe y Millonarios seguirán teniendo en este lugar su principal escenario, pero el proyecto pretende multiplicar conciertos, actividades culturales y negocios complementarios. Por eso los cuestionamientos que Al Punto y Lalis han puesto nuevamente en circulación van mucho más allá de preguntar cuándo estará terminado el nuevo Campín.
La fecha pasó de 2027 a 2028, la concesión llegará a 29,2 años y Corficolombiana controla ahora el 51 % de Sencia. Son cifras suficientemente grandes para que la administración Galán tenga que explicar permanentemente cómo se protege el interés público. Los retrasos, los cambios empresariales, la explotación comercial, la disputa por los terrenos y una concesión que se extenderá durante casi tres décadas convierten el proyecto en algo demasiado grande para quedarse únicamente en renders, anuncios y fotografías oficiales.
