¡Hasta los jueces se rebelaron contra Abelardo! Con sus togas en las calles, lanzaron alarmante advertencia: la justicia colombiana podría terminar de colapsar por los recortes del Gobierno

Hasta los jueces colombianos salieron a las calles vestidos con sus togas negras para rechazar los recortes presupuestales contemplados en la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella. La movilización del 19 de noviembre reunió a trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales que cuestionan las políticas económicas impulsadas por la administración.

Con sus togas negras, los jueces colombianos protagonizaron una de las imágenes más contundentes de la exitosa movilización nacional del 19 de noviembre contra las políticas económicas de Abelardo de la Espriella. Los encargados de administrar justicia salieron a las calles para advertir que los recortes presupuestales del Gobierno podrían agravar el colapso de los despachos judiciales y perjudicar a millones de colombianos. “Justicia sin financiación pierde toda la nación” decía la pancarta de Asonal Judicial.

El panorama que describieron los funcionarios judiciales es alarmante. Algunos jueces civiles tienen más de 1.800 procesos bajo su responsabilidad, existen funcionarios que han requerido atención psiquiátrica por situaciones asociadas a la sobrecarga laboral y la congestión judicial continúa aumentando. Pese a estas advertencias, De la Espriella pretende implementar un ajuste fiscal que podría profundizar las dificultades de la administración de justicia.

Con pancartas y vistiendo su toga, Asonal Judicial encabezó la movilización de los trabajadores de la Rama Judicial en Bogotá. Jueces de distintas especialidades se sumaron a las manifestaciones para explicar las graves consecuencias que tendría una reducción de los recursos destinados a garantizar el funcionamiento de sus despachos.

María del Pilar Arango, juez 34 civil del circuito de Bogotá, advirtió sobre las consecuencias de los recortes. “Esa disposición, de llegarse a aplicar, nos baja la planta de personal, nos disminuye el personal y nos aumenta la carga de trabajo, lo que significa para el país más demora y congestión en los procesos judiciales”, explicó al mencionado medio de comunicación.

Por su parte, José Miguel Cubillos, vicepresidente de la subdirectiva Bogotá de Asonal Judicial, aseguró que la situación de algunos juzgados es crítica. Según explicó, existen despachos con más de 1.800 procesos, situación que podría significar que un ciudadano tenga que esperar más de tres años para que su caso vuelva a ser revisado. “La justicia está colapsada, la justicia necesita es más recursos, no recorte”.

Las declaraciones del juez José Alejandro Hofmann dejaron en evidencia otra dimensión de la problemática. El funcionario aseguró que, durante este año, en dos oportunidades trabajadores judiciales fueron remitidos a centros psiquiátricos. También sostuvo que la congestión relacionada con las acciones de tutela y los incidentes de desacato crece anualmente un 100 %, según sus estimaciones.

Hofmann también dirigió un contundente mensaje al ministro de Justicia, Iván Cancino, a quien le reclamó una actitud democrática y mayor disposición para escuchar a los funcionarios judiciales. “Dé ejemplo de democracia”, manifestó el juez, quien cuestionó la falta de receptividad del Gobierno frente a las preocupaciones de quienes diariamente deben garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Mediante un comunicado publicado el 18 de noviembre, los Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Bogotá aclararon que su posición no respondía a intereses partidistas. Sus principales reclamos se concentraron en la insuficiencia presupuestal, el incremento de las cargas laborales y la protección de sus condiciones salariales.

La movilización también tuvo repercusión internacional. Varios medios extranjeros destacaron que la reforma tributaria pretende ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta, pasando de ingresos mensuales superiores a 1.419 dólares a unos 985 dólares, incrementar los aportes en salud de sectores medios y reducir la tributación empresarial.

En Bogotá, las movilizaciones confluyeron desde cinco puntos de la ciudad hacia la Plaza de Bolívar, que terminó casi llena. Participaron integrantes de la CUT, la CGT, organizaciones sociales, colectivos culturales y congresistas del Pacto Histórico. En Cali, el expresidente Gustavo Petro también acompañó las manifestaciones, que tuvieron presencia en diferentes regiones del territorio nacional.

Desde la tarima de la Plaza de Bolívar, la senadora María José Pizarro advirtió que las movilizaciones continuarán frente a las decisiones gubernamentales que considera perjudiciales para los trabajadores. “Que se prepare Abelardo, que se prepare este gobierno, porque apenas estamos empezando”, aseguró. El senador Wilson Arias también cuestionó las disposiciones tributarias que, a su juicio, benefician a los sectores más ricos.

La movilización del 19 de noviembre consiguió visibilizar las preocupaciones de sectores fundamentales para el funcionamiento del Estado. Que los propios jueces hayan salido vestidos con sus togas a reclamar financiación constituye una advertencia que De la Espriella no debería desestimar. Debilitar presupuestalmente la justicia también puede significar debilitar los derechos de los colombianos.

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