El Ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, puso sobre la mesa lo que ya muchos llaman el proyecto más ambicioso de los últimos años: el Acuerdo Nacional por la Educación Superior Pública, una iniciativa que promete acabar con el ahogo financiero de universidades, instituciones técnicas y tecnológicas del país.
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Con este proyecto de ley, radicado ante el Congreso, el Gobierno busca romper con la camisa de fuerza de la Ley 30 de 1992, que durante tres décadas dejó a las instituciones a merced de un modelo de financiación “amarrado al IPC”, insuficiente frente al crecimiento real de la educación.
“Continuamos construyendo una educación pública, gratuita y de calidad. Ese será el legado del Gobierno del Cambio a las futuras generaciones”, aseguró el ministro Rojas, quien defendió que este acuerdo no es un simple ajuste, sino una verdadera transformación del sistema.
¡Con #MasPlataParaLaU avanzamos por el fortalecimiento de la educación superior pública en 🇨🇴✊!
— UPedagógicaNacional (@comunidadUPN) September 23, 2025
Es urgente la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en el @SenadoGovCo y llegar a un Acuerdo Nacional por la Educación que beneficie a toda la comunidad educativa. pic.twitter.com/SoHLEYlFUh
Hoy, apenas 18 de las 33 instituciones técnicas y tecnológicas oficiales reciben transferencias del Estado, y las 34 universidades públicas sobreviven con giros que aumentan únicamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto, en palabras de expertos, creó un hueco financiero que asfixia la calidad, el acceso y hasta la permanencia de los estudiantes.
Con el nuevo modelo, los aportes estatales se ajustarán al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) calculado por el DANE, un mecanismo mucho más realista que mide lo que realmente cuesta sostener y expandir la educación pública. Además, desde el Presupuesto General de la Nación se destinará un 0,05% del PIB en el primer año de aplicación de la ley para reforzar la base presupuestal de estas instituciones.
Más plata, más estudiantes, más calidad:
El proyecto garantiza:
- Recursos adicionales para funcionamiento e inversión, incluyendo infraestructura y fortalecimiento docente.
- Expansión de nuevas sedes y seccionales, con respaldo presupuestal sólido.
- Aumento progresivo del acceso y la permanencia, reduciendo brechas sociales y territoriales.
- Bienestar estudiantil y mejoras en la planta docente y administrativa.
Durante décadas hemos luchado por transformar la Ley 30, que desfinanció la educación superior pública.
— Polo Democrático Alternativo (@PoloDemocratico) September 23, 2025
Hoy el @SenadoGovCo debe aprobar reformar los artículos 86-87 para abrir un Acuerdo Nacional por la Educación.#MasPlataParaLaU pic.twitter.com/bG0mp5JAtp
El Gobierno ha insistido en que este proyecto es la piedra angular para hacer realidad la promesa de una educación pública gratuita y de calidad. “Estamos asegurando que las universidades y las instituciones del Estado dejen de mendigar y puedan crecer con estabilidad, para que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos”, recalcó Rojas.
El Acuerdo Nacional por la Educación Superior no solo pretende garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades, sino también convertirse en el sello histórico del Gobierno del presidente Gustavo Petro, una bandera que apunta a cerrar las brechas y democratizar el acceso a la formación profesional.
El debate queda ahora en manos del Congreso, pero lo cierto es que el mensaje del Ministerio es contundente: la educación pública dejará de ser el “patito feo” del presupuesto nacional para convertirse en motor de equidad, progreso y futuro para millones de jóvenes colombianos.
