Alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, con presuntos vínculos con paramilitares, ignoró la JEP y no custodió cementerio con restos de víctimas del conflicto

La JEP abre proceso contra Yahir Acuña por ignorar la orden de proteger un cementerio con víctimas del conflicto, mientras su nombre suena en escándalos de parapolítica y nexos con bandas criminales.

Una grave falta de compromiso con la justicia y la memoria histórica. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto un incidente de medidas correccionales contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, tras ignorar de manera flagrante una orden judicial que le exigía garantizar la custodia de un cementerio donde reposan víctimas del conflicto armado.

La magistrada María del Pilar Valencia, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, tomó la decisión luego de constatar que la administración municipal no ha acatado la directriz que busca proteger los restos de quienes fueron víctimas de desaparición forzada. A pesar de que la JEP ordenó la custodia del Cementerio Central de Sincelejo en diciembre de 2024 y reiteró la exigencia en febrero de este año, la alcaldía ha hecho caso omiso a la medida, mostrando una preocupante falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.

El caso es aún más indignante si se tiene en cuenta que en la llamada ‘Manzana 6’ de este cementerio se presume la presencia de cuerpos de desaparecidos que esperan ser exhumados. La negligencia del alcalde Acuña no solo obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia, sino que pone en peligro la conservación de los restos humanos, que podrían deteriorarse por factores ambientales si no se adoptan las medidas adecuadas de protección.

Pero esta no es la única sombra que se cierne sobre el mandatario local. Aún más preocupante es que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra en julio del 2024, vinculándolo con la banda criminal ‘Los Rastrojos Costeños’, la cual habría impulsado su carrera política a cambio de favores oscuros. Acuña, quien logró evadir la cárcel en junio de este año gracias a una decisión judicial, ahora se enfrenta a un proceso por concierto para delinquir, pues en su despacho reposan testimonios clave que lo implican en la parapolítica.

Los testimonios en su contra provienen de Juan Manuel Borré Barreto, alias “Javier” o “Pistón”, y de su hermano Brayan Eduardo Borré Barreto, quienes han detallado cómo ‘Los Rastrojos’ operaban en Sucre para asegurar el ascenso político de Acuña. En 2012, Borré Barreto confesó a la Fiscalía que conocía a Acuña y, dos años después, aseguró que la banda criminal lo respaldó en su campaña a la Cámara de Representantes, eliminando a cualquier opositor que se interpusiera en su camino.

“Con Yahir Acuña cuadramos para que él fuera la pluma de la política en la costa y los que tuvieran contradicciones con él, ya sabían lo que les esperaba. En ese entonces, pactamos los asesinatos de los líderes de restitución de tierras en San Onofre, porque estaban afectando los intereses de su grupo”, reveló uno de los testimonios.

Acuña también ha sido vinculado con la temida Enilce López, alias ‘La Gata’, poderosa empresaria condenada por homicidio y paramilitarismo. Su llegada al Congreso en 2010, respaldado por las negritudes y con 51 mil votos en el bolsillo, fue señalada como parte de una maquinaria impulsada por casas políticas con nexos oscuros. Además, desde sus primeros meses como legislador, se le ha vinculado con el exgobernador de Sucre y paramilitar Salvador Arana, así como con el parapolítico del Valle, Juan Carlos Martínez Sinisterra.

La JEP ha sido clara: la falta de acción de la alcaldía vulnera los derechos de las víctimas y de sus familiares, quienes llevan años esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. “Mientras no se decrete el levantamiento de la medida, la entidad sigue estando obligada a garantizar su cumplimiento”, advirtió el tribunal. Sin embargo, el alcalde Acuña ha ignorado incluso la última advertencia emitida el 5 de febrero de 2025, en la que se le concedieron tres días para presentar un informe sobre la custodia del cementerio. A la fecha, el silencio de la administración municipal es ensordecedor.

Este escandaloso incumplimiento pone en entredicho la voluntad del alcalde de Sincelejo para respetar el orden constitucional y las decisiones de la JEP. Su actitud no solo desacata una orden judicial, sino que también representa una afrenta a la lucha de las víctimas y de sus familias por la verdad y la reparación.

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