Una gran polémica se desató en Antioquia tras la presentación del proyecto de ordenanza 27 por parte de la Gobernación el pasado 28 de junio, el cual busca establecer una tasa de seguridad a ser cobrada a través de las facturas de servicios públicos.
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El diputado Juan Felipe Vélez, representante del partido Creemos y ponente del proyecto, manifestó a Caracol Radio que su posición frente a esta iniciativa que es completamente negativa. Según Vélez, «este proyecto no es conveniente debido a la situación económica actual del país. Este impuesto afectará principalmente a los estratos 4, 5 y 6, así como a las empresas de uso industrial y comercial según su consumo de energía, y nadie está preparado para esto. Se trata de una tasa regresiva que agrava la economía en un momento donde el país no puede permitírselo.»
¿En Antioquia nos quieren obligar a financiar grupos de seguridad privada como “las convivir” a través de impuestos que serían cobrados en las facturas de servicios públicos?
— Alejo Toro (@AlejoToroAnt) July 19, 2024
El gobernador @AndresJRendonC debe entender que los Antioqueños no estamos dispuestos a recorrer ese… pic.twitter.com/0vFJ0XO1xh
Por su parte, el Comité Intergremial de Antioquia expresó su sorpresa y rechazo ante la propuesta. Nicolás Posada, presidente del Comité, declaró: «El sector empresarial y gremial antioqueño no fue consultado para ningún diálogo, análisis o presentación de propuestas. En medio de una recesión económica, imponer un nuevo impuesto va en contra de la lógica de superar la crisis. Deberíamos enfocarnos en generar empleo, progreso y competitividad, no en incrementar impuestos.»
La falta de socialización del proyecto también ha generado dudas sobre si la medida podría usurpar funciones que corresponden al gobierno nacional. «Estos impuestos están relacionados con la seguridad, que es administrada por el Ministerio de Defensa, Gobernaciones y Alcaldías. Estaríamos suplantando las obligaciones de estas entidades con los ciudadanos,» agregó Posada.
En Antioquia el gobernador uribista sigue obstinado en la creación de “frentes de seguridad urbana”
— Alfredo Mondragón – Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) July 18, 2024
Ahora quiere crear un impuesto para financiarlos
OJO, La misma historia de las CONVIVIR. pic.twitter.com/U73aAu3jHt
De aprobarse la ordenanza en la Asamblea, los ciudadanos y empresas enfrentarían nuevos costos. Los estratos 4, 5 y 6 pagarían de acuerdo a la Unidad de Valor Tributario (UVT), con tarifas adicionales mensuales de $13,648, $24,944 y $43,770 respectivamente. Las empresas comerciales e industriales, dependiendo del consumo de energía, podrían llegar a pagar hasta $1,788,470 mensuales.
El proyecto de ordenanza, firmado por el gobernador Andrés Julián Rendón y otros funcionarios, busca supuestamente fortalecer la seguridad en el departamento ante los crecientes índices de criminalidad. Sin embargo, la propuesta ha revivido temores sobre el posible fomento de estructuras paramilitares, como ocurrió con una propuesta previa del gobernador sobre frentes de seguridad urbana.
El proyecto enfrenta un fuerte rechazo tanto en la Asamblea Departamental como entre los ciudadanos y empresarios, quienes consideran que imponer un nuevo impuesto en medio de una crisis económica es una medida regresiva y perjudicial para la economía del departamento.
