En un impactante golpe contra la minería ilegal, la Fiscalía General de la Nación anunció la detención de Juan Esteban Barrera Veloza, exconcejal del municipio de Inírida por el partido Centro Democrático, junto a Carmen Julia Veloza Pesquera, su madre, y Juan Camilo Aguado Hernández. Los tres son señalados de liderar actividades de explotación ilícita de oro en el río Atabapo, ubicado en la estrella fluvial de Inírida, una zona de especial valor ecológico.
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La investigación reveló que los detenidos utilizaban dragas para extraer oro a gran escala, recurriendo al uso de mercurio, una sustancia altamente tóxica que, según análisis de las autoridades, está contaminando las aguas del río Atabapo de manera alarmante. Además de causar un daño irreparable al ecosistema, las actividades mineras afectan directamente la biodiversidad y la salud de las comunidades locales.
Según la Fiscalía, Barrera Veloza, quien ocupó un cargo público entre 2020 y 2023, habría aprovechado su posición para obtener información sobre operativos de control en la región. Por su parte, Veloza Pesquera se encargaba de la logística, gestionando la adquisición y traslado de las dragas, mientras Aguado Hernández coordinaba la compra de insumos y participaba activamente en la explotación del mineral.
La #Fiscalia judicializó a los presuntos responsables de la contaminación y daños ocasionados a ríos de #Guainía, por el uso de dragas y sustancias tóxicas para la extracción de oro. Un exconcejal de #Inírida, su mamá y otra persona estarían involucrados en las actividades… pic.twitter.com/LpX7KjRBEG
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 30, 2024
A los implicados se les imputaron graves delitos como concierto para delinquir, ecocidio, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales, y explotación ilícita de yacimientos mineros, entre otros.
Este caso es apenas un reflejo de una problemática más amplia que afecta diversas regiones de Colombia. Con el alza del precio del oro tras la pandemia, la minería ilegal ha proliferado, devastando ecosistemas enteros como los Farallones de Cali, en la cordillera occidental. Allí, miles de mineros ilegales han invadido el territorio, dejando ríos contaminados, deforestación masiva y paisajes áridos en su paso.
En el caso de Guainía, el impacto ambiental es especialmente preocupante debido a la importancia de la estrella fluvial del Inírida, reconocida por su biodiversidad única. A pesar de los operativos para frenar estas actividades, los retos persisten: la minería ilegal no solo es un problema ambiental, sino también social, pues detrás de ella se encuentran redes organizadas y comunidades vulnerables que, en busca de sustento, terminan atrapadas en esta práctica destructiva.
Detienen a un exconcejal y su mamá por minería ilegal de oro en Inírida https://t.co/jSFZVlJAPE
— Alvaro Pardo (@AlvaroPardo8) December 1, 2024
Las autoridades han intensificado los operativos, incluyendo la destrucción de socavones y campamentos mineros. Sin embargo, los expertos señalan que estas acciones deben complementarse con estrategias para generar oportunidades económicas sostenibles en las regiones afectadas. De lo contrario, el costo ambiental y social continuará siendo incalculable.
