La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) destapó lo que sería una integración empresarial a escondidas entre Caracol Radio y Canal 1, un acuerdo que según la entidad se ejecutó a espaldas de la ley y que pone en jaque la transparencia en los medios de comunicación del país.
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El caso tiene ingredientes explosivos. Según el organismo de control, desde agosto de 2024 las dos compañías habrían empezado a tejer un pacto que buscaba darle a Caracol el control de la programación y la pauta publicitaria de Canal 1. Y lo más grave: desde octubre de ese año Canal 1 ya transmitía hasta un 90 % de contenidos de Caracol Radio, mucho antes de que la SIC fuera notificada.
En palabras de la entidad, el negocio violó de frente la normativa de libre competencia: “Con esta actuación, la SIC continúa cumpliendo su compromiso de promover y proteger la libertad de competencia en todos los sectores productivos, para garantizar mejores condiciones de acceso a bienes y servicios para los consumidores”.
La SIC formuló pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada. La entidad busca establecer si las compañías materializaron la operación sin autorización previa, lo que constituiría una práctica restrictiva de la competencia. pic.twitter.com/1qxaJ4BQph
— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 10, 2025
Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, respondió con dureza, acusando al Gobierno de supuesta persecución: “Los presupuestos de esta investigación son totalmente errados. Detrás vemos un nuevo capítulo en la persecución del gobierno a la libertad de expresión y la pluralidad informativa que impulsa Canal 1”. Pero la versión de Avendaño no convence, pues los documentos y contratos recopilados por la SIC hablan por sí solos: cartas de intención, acuerdos exclusivos y contratos firmados en septiembre de 2024 y febrero de 2025 que consolidaron a Caracol como amo y señor de los contenidos del canal.
La historia no es nueva. Tanto Canal 1 como Caracol Radio ya habían sido visitados por la SIC luego de fuertes críticas del presidente Gustavo Petro. Y ahora, con el regreso de Francisco Melo a la delegatura de Competencia, tras ser investigado por la Procuraduría, la lupa se pone con más fuerza sobre los gigantes mediáticos.
La sanción no sería menor: las empresas podrían enfrentar multas de hasta $142.350 millones, y los directivos involucrados hasta $2.847 millones. Una cifra que pone en evidencia la magnitud del lío en el que se metieron.
Por ahora Canal 1 se vende como víctima y Caracol guarda silencio estratégico, lo cierto es que las pruebas muestran una integración ejecutada sin autorización previa, un claro golpe a las normas de competencia.
La SIC, bajo la dirección de Cielo Rusinque, envía un mensaje directo: ningún medio, por grande que sea, está por encima de la ley.
