La controvertida decisión de la Asamblea de Antioquia de declarar “persona no grata” al senador y candidato presidencial Iván Cepeda comenzó a desmoronarse en los estrados judiciales. En las últimas horas se confirmó que la medida fue formalmente demandada por ilegal, en un proceso que cuestiona de fondo la legitimidad de lo que muchos ya califican como un acto político arbitrario y sin sustento jurídico.
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De acuerdo con lo revelado en diferentes medios nacionales, la demanda sostiene que las asambleas departamentales no tienen competencia legal para proscribir ni estigmatizar a ciudadanos, mucho menos a un candidato presidencial en pleno proceso democrático.
La decisión, adoptada por más del 60% de los diputados de la asamblea antioqueña, había sido presentada como un “rechazo institucional” a las declaraciones de Cepeda sobre la historia del departamento. Sin embargo, lo que ahora se pone sobre la mesa es que ese acto pudo haber hecho uso del poder público para censurar posiciones políticas que para la oposición resultan incomodas.
Fue demandada por ilegal la declaración de indignidad contra Cepeda en la Asamblea de Antioquia#Colombianos#CepedayAydaEnPrimera pic.twitter.com/FC1a24KdGC
— 🇵🇸🇸🇩🇨🇴NELA (@MoronNela) March 23, 2026
La declaratoria de “persona no grata” fue impulsada por sectores cercanos al uribismo, en medio de la creciente tensión electoral que enfrenta al proyecto político de Cepeda con figuras de derecha. La medida se justificó en supuestas “generalizaciones” sobre Antioquia, pero omitió deliberadamente el contexto histórico y las discusiones sobre memoria, conflicto y paramilitarismo que el propio candidato ha defendido.
De hecho, el debate no es nuevo. Cepeda ha insistido en que sus afirmaciones están basadas en hechos documentados de la historia reciente del país, una postura que incluso ha sido respaldada desde el propio Gobierno Nacional. Lo que ahora queda en evidencia es que la reacción institucional de la Asamblea no solo fue desproporcionada, sino posiblemente ilegal.
¡ATENCIÓN! En Antioquia las madres de @MAFAPOCOLOMBIA y las víctimas manifiestan su afecto, respeto y cariño por @IvanCepedaCast porque ha estado del lado de la verdad y la justicia. Mientras otros dejaron horror en la Comuna 13, desapariciones y sangre, Cepeda ha acompañado a… pic.twitter.com/iKjdHS9MRt
— Juan Camilo (@JUANCAELBROKY) March 20, 2026
En este sentido, la demanda pone el foco en la utilización de una corporación pública para emitir juicios políticos contra un candidato presidencial. En términos jurídicos, esto podría interpretarse como una vulneración al derecho a la participación política y a la libertad de expresión. Más aún, se trataría de un precedente grave en el contexto electoral de 2026, donde la polarización entre sectores progresistas y el uribismo se ha intensificado.
Para distintos sectores, lo ocurrido en Antioquia no es un hecho al margen, sino parte de una estrategia más amplia de estigmatización contra liderazgos que han cuestionado estructuras de poder históricas en el país.
Lejos de debilitar a Cepeda, la decisión de la Asamblea ha generado el efecto contrario. La demanda por ilegalidad no solo pone en entredicho a quienes promovieron la medida, sino que refuerza la narrativa de persecución política que ha denunciado el candidato del Pacto Histórico. El episodio podría terminar convirtiéndose en un símbolo de los excesos habituales de la oposición y del uso indebido de escenarios institucionales para confrontaciones electorales.
