El concejal uribista de Medellín, Andrés Rodríguez, conocido como “Gury”, vuelve a estar en el ojo del huracán. El polémico cabildante, que el pasado 7 de octubre amenazó con un bate a manifestantes propalestinos en el centro de la ciudad, aseguró públicamente que no cuenta con seguridad y que su única defensa es “su propio bate”. Sin embargo, una investigación de Vorágine destapa lo que sería una gran contradicción: el “valiente” concejal tendría contratado a un exmilitar como su escolta personal, pagado con recursos del Concejo de Medellín.
Le puede interesar: “Los canales privados son la voz de la oposición”: Presidente Petro destapa la realidad detrás de la censura a sus alocuciones
“Seguridad no tengo, ese es mi método de defensa y el que me ponga la mano le pongo el bate. Así de simple”, dijo Rodríguez en una intervención ante el Concejo, tras protagonizar la violenta escena. Pero ese mismo día, a su lado, estaba un hombre vestido de negro, atento a cada movimiento, como si se tratara de un agente de protección. Se trata de Mauricio Felipe Múñoz Martínez, exsargento del Ejército Nacional, quien aparece en los registros del Concejo contratado como “gestor comunitario”.
El paraconcejal provocador degenerado y sin vergüenza..@AndresGuryRod es una vergüenza hasta para la derecha narcoparamilitar…. por visajoso y pendejo.. pic.twitter.com/qZwBBwUH3T
— Gener Usuga (@gener_usuga) October 8, 2025
Según la investigación de Vorágine, Múñoz hace parte de la unidad de apoyo de Rodríguez desde junio de 2025. Su contrato tiene como objeto “prestar servicios en gestión comunitaria”, pero sus certificaciones y experiencia cuentan otra historia: fue jefe de seguridad de una productora, cursó entrenamientos en manejo y uso de armas, y realizó especializaciones como escolta y en protección a dignatarios. En varias imágenes revisadas por el medio se le observa acompañando al concejal en diferentes actos públicos, adoptando una postura vigilante, inspeccionando el entorno y desplazándose siempre a su lado.
Cuando Vorágine le preguntó por su papel real, Múñoz negó ser escolta. “Acompaño como gestor al concejal documentando sus actividades y reportando”, respondió el exmilitar. Aun así, admitió que usa chaleco antibalas y tiene permiso de porte de armas. Rodríguez, por su parte, también negó que Múñoz cumpla funciones de seguridad, aunque justificó su presencia y la utilización del chaleco: “No tengo ningún tipo de seguridad y las amenazas abundan día a día, ambos estamos en riesgo latente”.
Andrés Rodríguez, concejal de Medellín, tiene como “gestor comunitario” de su unidad de apoyo a un exmilitar que sería su escolta personal. El hombre escoltó a alias “La Madrina”, mujer acusada de secuestro extorsivo. ⬇️https://t.co/NSn0TnA3CE pic.twitter.com/xlVvvkZkC5
— Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) October 19, 2025
Pero el escándalo no termina ahí. El pasado del supuesto “gestor comunitario” prende aún más las alarmas. Múñoz fue parte del esquema de seguridad de Ana Isabel Rojas Chavarría, alias “La Madrina”, capturada en mayo de este año y acusada por la Fiscalía de secuestro extorsivo. Vorágine obtuvo fotografías en las que el exmilitar aparece junto a Rojas apenas semanas antes de su detención. Según una fuente citada por el medio, Múñoz estaba con ella el día del operativo en el que fue capturada, aunque habría huido del lugar antes de que llegara la policía.
Al ser cuestionado por el medio sobre la relación de su empleado con “La Madrina”, el concejal uribista respondió con evasivas: “¿Quién es esa señora?”, escribió por mensaje. Luego, en tono desafiante, envió un sticker de un enmascarado con un bate, el mismo objeto con el que días atrás había amenazado a los manifestantes. Finalmente, advirtió que pondría en conocimiento de la Policía y la Fiscalía las preguntas de los periodistas: “Sus preguntas son bastante sospechosas y quiero informar a la policía y a la fiscalía”, dijo.
El Decreto 2187 de 2001 establece que los escoltas deben prestar sus servicios a través de empresas legalmente constituidas y autorizadas para tal fin. En este caso, el supuesto protector del concejal fue vinculado directamente por el Concejo de Medellín como funcionario, lo que configuraría una contratación irregular.
La historia publicada por Vorágine deja en evidencia la doble cara del concejal Rodríguez: por un lado, el discurso de la “valentía uribista”, del político que se enfrenta con bate en mano; por el otro, un esquema de protección armado y pagado con dinero público. Mientras el cabildante insiste en que actúa por su cuenta, las pruebas demuestran que no solo se rodea de un exmilitar con porte de armas, sino que además este tiene un pasado turbio junto a una mujer señalada de secuestrar turistas.
