La Fiscalía presenta el escrito de acusación contra cinco individuos en un caso de corrupción que ha sacudido las entrañas del Departamento de Prosperidad Social (DPS), conocido como «Las Marionetas». Este enredo de intereses oscuros y maniobras turbias ha puesto bajo la lupa a figuras clave, revelando una red intrincada de influencia política y aprovechamiento indebido de recursos destinados a la paz.
Le puede interesar: Delegado de las FARC desmiente el supuesto apoyo financiero a campaña del Presidente Gustavo Petro
Le puede interesar: Senadora María José Pizarro le puso su tate quieto a Jota Pe Hernández: Lo denunció ante la Comisión de Ética del Senado
Los nombres en juego son variados y reveladores: Katherine Rivera Bohórquez, con su antiguo vínculo como asistente del exsenador Ciro Ramírez, Anderson González, señalado como la pieza clave en el direccionamiento de contratos por el mismo Ramírez, Raúl Alfonso Cardozo, beneficiario de esos contratos, Pierre García Jacquier, exdirector del DPS, y Andrés José Ospina, contratista vinculado al senador Miguel Barreto.
Este entramado de corrupción parece apuntar hacia el contrato 670 de 2021, valuado en más de $70 mil millones, provenientes del Fondo de Inversión para la Paz. Una trama que, según la Fiscalía, buscaba satisfacer los intereses particulares de seis congresistas, entre ellos el ya mencionado Ciro Ramírez.
Cinco exfuncionarios del DPS a juicio por corrupción. Seis senadores en la mira.
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 27, 2024
La semana entrante les mostraré los elefantes blancos que dejó la corrupción del gobierno Duque en esta entidad.https://t.co/VsAc1naF2J
La raíz de este escándalo se halla en las revelaciones de Pablo César Herrera, exdirector de Proyecta Quindío, quien expuso el «modus operandi» de estos congresistas, una sombría reminiscencia de prácticas pasadas encarnadas por el fallecido exsenador Mario Castaño.
El espectro político implicado se amplía con nombres como Mario Alberto Castaño Pérez (ya fallecido), Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa. Cada uno, según las investigaciones, habría tejido una red de operaciones para obtener beneficios ilícitos de la contratación estatal.
Imagínense a Gustavo Bolívar o a Laura Sarabia (dos directores de DPS de Petro) a punto de ser enjuiciados, todos estaríamos exigiéndole a petro que diga algo, ¿cierto?, ¿por qué no se está exigiendo nada con @IvanDuque si le llamaron a juicio a su director del DPS Pierre García? pic.twitter.com/Fmrj0j7CbN
— Camilo Restrepo (@Camilo_rpog) March 27, 2024
Este caso, que se ha dado en denominar «Las Marionetas», destapa la presunta manipulación de decenas de contratos durante el mandato de Iván Duque, favoreciendo a aquellos congresistas que aseguraron su apoyo al presidente en 2020 para garantizar su estabilidad política. Las cifras hablan por sí solas: se estima que el DPS desembolsó un fondo de 22 mil millones de pesos destinados a obras en municipios de Quindío, Risaralda y Tolima, según lo testimoniado por Herrera.
