La Fiscalía General de la Nación ha dejado clara su postura frente al caso más escandaloso del siglo político colombiano: la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tras más de una década de investigación y un juicio seguido por todo el país, el ente acusador pidió este 28 de julio una pena contundente: 9 años de prisión (108 meses) y una multa que podría superar los 1.600 salarios mínimos legales vigentes.
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Durante la maratónica audiencia de lectura del fallo, que duró más de 11 horas, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela, fue enfática: “La pena para los dos delitos, soborno en la actuación penal y fraude procesal, va de 6 a 12 años, lo que es lo mismo de 72 meses a 126 meses. Fijado el ámbito punitivo correspondiente, tenemos que los cuartos medios tienen una movilidad entre 90 meses más un día hasta 126 meses”. Según la Fiscalía, el exmandatario ordenó al abogado Diego Cadena reclutar falsos testigos exparamilitares, que mintieran a cambio de favores jurídicos y dinero.
Uribe fue hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. Aunque fue absuelto del delito de soborno simple, la gravedad del resto de las conductas fue suficiente para que la Fiscalía exigiera la máxima rigurosidad. La procuradora también se sumó, aunque pidiendo prisión domiciliaria, una medida que para muchos significaría un privilegio inmerecido.
Expliquémosle a la derecha criolla y gringa que nadie denunció a @AlvaroUribeVel, él quería hundir a @IvanCepedaCast e inició el proceso que hoy lo ha declarado culpable de soborno y fraude. ¿Cuál es la “persecución política”? 9 años de cárcel por sus crímenes es justicia. pic.twitter.com/VimTAOMZOf
— Alfredo Mondragón – Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) July 29, 2025
“Y como quiera que nos encontramos frente a dos delitos adicionales de soborno en la actuación penal y tres eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto”, señaló la fiscal, al argumentar por qué la pena debía situarse en el rango medio-alto del castigo posible. Además de los 108 meses de prisión, la funcionaria exigió una multa de 1.025 salarios mínimos por el delito de soborno y 600 más por fraude procesal, lo que representa una sanción económica sin precedentes para un expresidente en Colombia.
El fallo, que pasará a la historia como la primera condena contra un exjefe de Estado colombiano, también validó los testimonios clave de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, así como grabaciones obtenidas mediante un “reloj espía”. Esta prueba fue esencial para demostrar el entramado de presiones e intentos de manipulación judicial orquestados desde las entrañas del poder.
La decisión final sobre la pena se conocerá el próximo viernes 1 de agosto a las 2:00 p.m., en una audiencia que marcará un antes y un después en la historia política y judicial del país. La Fiscalía ha hablado con contundencia. Ahora le corresponde a la jueza Heredia decidir si Uribe paga sus crímenes tras las rejas o si, una vez más, los poderosos se escapan por la puerta de atrás.
