La administración del alcalde Carlos Fernando Galán y su secretaria de Educación, Isabel Segovia, está en el ojo del huracán tras anunciar descuentos salariales a cerca de 800 docentes de colegios públicos que participaron en recientes movilizaciones para exigir mejores condiciones laborales y de salud. A esto se suma el despido masivo de más de 380 maestras provisionales, un golpe que encendió aún más la indignación del gremio educativo.
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Según denunció la Asociación Distrital de Educadores (ADE), la protesta del pasado 17 de julio, que paralizó varios colegios de la capital, no solo buscaba exigir soluciones ante el colapso del sistema de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la mala gestión de la Fiduprevisora, sino también rechazar la salida abrupta de cientos de maestras que perdieron su trabajo tras la terminación de convenios entre las secretarías de Educación e Integración Social.
El detonante de la polémica fue la decisión de Segovia de sancionar a los profesores que salieron a las calles en horario escolar. “Por ello, a partir de este mes, comenzarán a reflejarse en las nóminas los descuentos correspondientes al ausentismo generado por esas participaciones. Aclaramos que el docente que se manifiesta en contrajornada no tiene ningún inconveniente”, afirmó la funcionaria, insistiendo en que se violó un acuerdo firmado el 5 de mayo, que establecía realizar las protestas fuera de clases.
La secretaria de Educación Isabel Segovia le advirtió a los maestros que descontarán los días no laborados de los maestros que se ausentan por estar en las marchas en días que no son contrajornada.
— Reacción Nacional (@RNacional_News) July 18, 2025
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Sin embargo, para la ADE y varios sectores políticos, la medida constituye represión directa al derecho a la protesta. Carlos Alberto Múnevar Ortiz, directivo del sindicato, advirtió que: “El hecho de que los maestros tengan que pagar y además se les descuente dinero de su nómina por exigir atención en salud refleja la crisis del sistema”.
En la misma línea, la concejal Heidy Sánchez reprochó públicamente la actitud de la Secretaría de Educación y exigió garantías para el derecho fundamental de protesta: “Pretendiendo silenciar con estas formas a las y los trabajadores no desaparece la problemática (…) Invitamos a respetar los derechos fundamentales a la protesta y a la asociación sindical”.
No se trata solo de una "preocupación que compartimos", secretaria @IsabelSegoviaO, se espera un verdadero compromiso que comprenda el proponer, actuar y atender las exigencias de las y los maestros, así como de la comunidad educativa general, para que justamente estas acciones… https://t.co/8Qcq5YrDwM
— Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) July 17, 2025
Los maestros denuncian que mientras se les exige cumplir con su labor sin interrupciones, el Gobierno Distrital no responde a la crisis de salud que les impide acceder a medicamentos esenciales ni a una red de urgencias clara y funcional.
“Todavía los maestros y maestras de Bogotá no saben cuáles son las IPS que los van a atender, ni tampoco su red de urgencias”, reclamó Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE.
El paro del 17 de julio incluyó un plantón frente a la sede de la Fiduprevisora en la calle 72, donde cientos de docentes elevaron su voz por soluciones inmediatas y por la reincorporación de las maestras desvinculadas, muchas de ellas cabezas de hogar. El Ministerio de Trabajo ya abrió una investigación para esclarecer estos despidos masivos y sus posibles irregularidades.
¿Hasta cuándo se castigará a los docentes por exigir lo que por ley les corresponde? La polémica sigue abierta y, con descuentos y despidos en marcha, la tensión entre el Distrito y el magisterio amenaza con subir de tono en las próximas semanas.
