Un verdadero terremoto político sacudió al país: el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 con un incremento histórico del 23,7 %, el más alto jamás registrado, dejando en el limbo el aumento que llevaba el ingreso básico a $1.750.905 y que, con subsidio de transporte, rozaba los dos millones de pesos. La medida, calificada por amplios sectores sociales como un golpe directo al bolsillo de millones de trabajadores, le dio al Gobierno apenas ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio mientras avanza el proceso judicial.
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El alto tribunal argumentó que el Decreto 1469/25 no explicó con suficiente detalle cómo se ponderaron los criterios técnicos exigidos por la Ley 278 de 1996, como la meta de inflación del Banco de la República, la productividad certificada por el DANE, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Según la providencia, aunque estos factores fueron mencionados, no se integraron de manera “concreta, articulada y verificable” en la fórmula que condujo al 23 % de incremento. Para la Sala, el concepto de “salario vital” terminó teniendo un peso decisivo que, en la práctica, desplazó los parámetros tradicionales.
¡Enemigos del pueblo trabajador! No fue “la justicia” en abstracto, fueron los gremios empresariales y sus voceros, los mismos de siempre, quienes demandaron el aumento del salario mínimo.
— Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) February 13, 2026
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Pero mientras el expediente jurídico avanza, en la arena política la reacción fue inmediata y explosiva. El presidente Gustavo Petro no se quedó callado y lanzó un mensaje directo al país y a las calles: “El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”. En un tono firme, añadió: “Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución”.
El mandatario fue más allá y convocó movilización social al advertir que “Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario”. Y lanzó una frase que ya enciende el debate nacional: “Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”. Para Petro, frenar el aumento puede tener consecuencias profundas: “Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la Vida. Nada más anticonstitucional”.
El decreto de salario vital es ordenado por la constitución.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2026
Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él
Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de… https://t.co/DVsUSGPH9D
En la misma línea se pronunció el precandidato presidencial Iván Cepeda, quien arremetió con dureza: “RECHAZO LA REGRESIVA SUSPENSIÓN DEL SALARIO VITAL”. Y agregó sin titubeos: “Rechazo la arbitraria y regresiva, medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”. Para Cepeda, la decisión judicial “propicia la reproducción de la desigualdad social” y anticipó que “Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”.
RECHAZO LA REGRESIVA SUSPENSIÓN DEL SALARIO VITAL
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 13, 2026
Rechazo la arbitraria y regresiva, medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para…
El Consejo de Estado insiste en que su decisión es cautelar y no implica un fallo definitivo sobre la legalidad del aumento. Sin embargo, el precedente es casi inédito: solo en 2017 se había tumbado un decreto de salario mínimo, y en esa ocasión fue para obligar a subirlo por considerarlo demasiado bajo. Hoy el debate es otro: si el aumento más alto de la historia debe congelarse por una discusión técnica o si, como sostienen el Gobierno y sus aliados, está en juego la defensa del poder adquisitivo y el modelo social que respaldaron las urnas.
Mientras el reloj corre y el Ejecutivo prepara un nuevo decreto con mayor justificación económica, el país queda dividido entre la fría discusión de fórmulas macroeconómicas y el clamor de quienes sienten que su salario no puede esperar. La tensión está servida y la calle, como advirtió el presidente, podría convertirse en el próximo escenario de esta batalla por el salario vital.
