Gustavo Petro aprieta el cerco contra la compra de votos: Capturan a cercano de la congresista Ana Paola García del Partido de la U con $434 millones en efectivo

Un exconcejal cercano a la campaña de la candidata al Senado Ana Paola García, del Partido de la U, fue capturado en Córdoba con $434 millones en efectivo, dinero que las autoridades sospechan sería usado para comprar votos en plena recta final electoral. El caso se suma a la ofensiva del gobierno de Gustavo Petro contra los delitos electorales.

Las autoridades capturaron a un hombre cercano al círculo político de la representante a la Cámara y hoy candidata al Senado por el Ana Paola García, del Partido de la U, cuando transportaba una millonaria suma de dinero en efectivo que, según las primeras hipótesis de las autoridades, estaría destinada a una presunta compra de votos.

El detenido fue identificado como Misael Augusto Villarreal, exconcejal del municipio de Montelíbano, quien fue interceptado por unidades de Tránsito y Transporte de la Policía sobre la vía que comunica a Montería con Planeta Rica. Dentro del vehículo en el que se movilizaba, los uniformados hallaron más de 434 millones de pesos en efectivo, una cifra que encendió de inmediato las alarmas sobre posibles maniobras ilegales en plena recta final de la campaña electoral. En el mismo operativo también fue capturada una mujer identificada como Virginia Rosa Uranto Ramos.

Las investigaciones preliminares apuntan a que Villarreal haría parte del entorno político de la candidata del Partido de la U, lo que ha desatado una fuerte polémica en la región y reaviva el viejo fantasma de la compra de votos, una práctica que históricamente ha golpeado la credibilidad del sistema electoral colombiano.

Desde el Gobierno nacional la reacción fue inmediata. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hallazgo y destacó los operativos adelantados por la fuerza pública para evitar fraudes electorales. “Nuestra policía incautó $434 millones de pesos en efectivo. Teníamos una discusión con el señor registrador, el señor procurador y todos los que participamos sobre cómo lograr, al menos en época electoral, controlar el flujo de dinero en efectivo”, aseguró.

El caso ocurre en medio de una ofensiva institucional contra los delitos electorales que ha sido impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha insistido en que las autoridades deben actuar con contundencia frente a cualquier intento de manipular la voluntad popular. De hecho, desde el Ejecutivo se ha advertido que la lucha contra la compra de votos será uno de los indicadores que se tendrán en cuenta incluso para evaluar ascensos dentro de la Policía.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo alrededor de la campaña de Ana Paola García. La propia congresista reconoció que conoce al exconcejal detenido, aunque trató de marcar distancia del escándalo. “No fue detenido en acciones proselitistas a mi favor ni en desarrollo de alguna actividad relacionada. Las cuentas de mi campaña han sido reportadas a la autoridad electoral”, aseguró la dirigente del Partido de la U.

Sin embargo, las explicaciones no han logrado apagar las críticas. Para muchos analistas, resulta difícil ignorar la cercanía política entre el exconcejal capturado y la campaña de la candidata, más aún cuando el dinero fue encontrado en plena temporada electoral en una región donde históricamente se han denunciado prácticas de clientelismo.

El caso además no es un hecho aislado. En las últimas horas también se conoció que un escolta de la Unidad Nacional de Protección fue interceptado en La Guajira transportando 145 millones de pesos en efectivo junto con propaganda electoral, un episodio que terminó con su liberación por decisión judicial pero que igualmente dejó serias dudas sobre el uso de grandes sumas de dinero en plena contienda política.

Las autoridades han advertido que los operativos seguirán intensificándose en todo el país. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en los últimos días ya se han incautado cerca de 1.500 millones de pesos en al menos diez procedimientos relacionados con presuntos delitos electorales.

Mientras tanto, organizaciones como la Misión de Observación Electoral continúan alertando sobre un aumento de denuncias por presiones al voto y uso indebido de recursos públicos. La directora de la entidad ha señalado que los reportes de irregularidades crecen a medida que se acercan los comicios, un panorama que vuelve a poner en el centro del debate la transparencia del proceso democrático.

Con el reloj corriendo hacia las elecciones, el mensaje del Gobierno ha sido contundente: no habrá tolerancia con quienes pretendan convertir el voto en mercancía. Y mientras la justicia avanza en las investigaciones, el escándalo de los 434 millones sigue salpicando a la campaña del Partido de la U en Córdoba.

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