Esta semana se marca el fin del periodo de sesiones del Congreso, y todo indica que ni siquiera se reunirán. La llegada de la navidad, como cada año, parece haber sellado el destino de los pendientes legislativos, entre ellos, un debate crucial que deja al descubierto una polémica transacción liderada por la Procuraduría General de la Nación.
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Este debate, citado por la senadora Esmeralda Hernández, buscaba cuestionar a la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, sobre la adquisición de un predio en Barranquilla por más del doble de su valor comercial. Un caso que levanta múltiples sospechas y apunta a irregularidades que comprometen el patrimonio público.
El 20 de diciembre de 2023, la Procuraduría firmó una promesa de compraventa con Ludwing Landazábal Molina, representante legal de Inversiones Landazábal Daguer y Cía. S. en C. El acuerdo establecía la compra de una oficina en el edificio Centro Ejecutivo de Barranquilla por 20.306 millones de pesos, pese a que un avalúo realizado por la Universidad Nacional determinó que su valor comercial era de 10.043 millones de pesos.
Margarita Cabello compró por el doble de precio un predio avaluado en $10 mil millones, pero la tapa es que les da la platica por adelantado para que corran a pagar los tres embargos y la hipoteca que tenían; es decir, del bolsillo de los colombianos sacaron para pagarle todas… pic.twitter.com/4NQnBFEnUV
— 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) December 16, 2024
El sobrecosto es escandaloso: un 102% por encima del valor real. Para agravar la situación, la Procuraduría acordó pagar el 50% del precio (más de 10.000 millones) al firmar el contrato, pese a que la oficina estaba hipotecada y enfrentaba tres embargos del Distrito Especial de Barranquilla. Estas restricciones solo se levantaron el 1 de marzo de 2024, meses después de la firma inicial, dejando en evidencia falsedades en el acuerdo.
El caso no termina ahí. Ludwing Landazábal, el vendedor, no es un desconocido en el ámbito de los escándalos. Su nombre figura en el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes que llevó al fiscal antimafia Camilo Bula a una condena de 18 años de prisión. Aunque Landazábal salió indemne por prescripción de términos, su historial debería haber levantado alertas en una institución como la Procuraduría.
A pesar de estos antecedentes y del precio inflado, la jefa del Ministerio Público dio luz verde a la compra, ignorando los riesgos y las implicaciones éticas.
Lamentable la partida de Margarita Cabello sin rendir cuentas por su último escándalo. Desde antes de su nombramiento ya cargaba con el peso de haber sido Ministra de Justicia durante la trágica masacre de La Modelo (2020). Como Procuradora, la entidad se vio convertida en…
— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) December 17, 2024
La senadora Esmeralda Hernández, quien ha investigado a fondo este caso desde que fue revelado por Noticias Uno, intentó en múltiples ocasiones llevar a cabo el debate de control político contra Margarita Cabello. Sin embargo, las trabas no cesaron.
Hernández denunció que siempre había excusas para posponer el debate: “Cada vez que solicitaba una fecha, me decían que había otros temas prioritarios”. Incluso, aseguró que funcionarios del Ministerio del Interior le pidieron aplazar la discusión. En total, seis intentos por llevar el caso al Congreso fueron bloqueados.
Ahora, con el Congreso entrando en un receso de tres meses, el debate queda en el limbo. Para cuando se reanuden las sesiones en marzo, será Gregorio Eljach quien asuma como procurador, y Margarita Cabello, como dice el refrán, habrá salido “sin pena ni gloria”.
