En un hecho que ha causado indignación, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia salió en defensa del exministro Andrés Felipe Arias, condenado a más de 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, durante el foro “Lucha contra la corrupción” organizado por el Centro Democrático y liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Al ser cuestionada por Uribe sobre los señalamientos de corrupción de su gobierno, Valencia no dudó en exculpar a Arias, asegurando que lo suyo no fue delito sino “decisión política”. “Darle subsidio a empresarios grandes no es un delito… Arias está comprobado que no se robó un solo peso”, sentenció Valencia, al insistir en que el error fue no haber defendido con fuerza la política de entregar millonarios recursos estatales a personas adineradas.
Con tono desafiante, la precandidata añadió: “Usted puede decir que eso es controversial, pero uno tiene que entender el contexto… el TLC con Estados Unidos ponía en jaque la producción de sectores como el arroz o la leche, y eso requería una transferencia económica a sectores que no eran pobres, que quisiéramos proteger”.
Paloma Valencia sobre Agro Ingreso Seguro en el noveno foro del Centro Democrático. “En el caso de Andrés Felipe Arias faltó defender el tema central: dar subsidio a grandes empresarios no es un delito”, expresó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/j1Lp1ENyrR
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 31, 2025
Las palabras de Valencia, sin embargo, contrastan con la realidad judicial: Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura entre 2005 y 2009, era considerado el “delfín” de Uribe y su posible sucesor presidencial. Sin embargo, su nombre quedó marcado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro: un programa creado con la excusa de fortalecer al campo, pero que en la práctica terminó beneficiando a familias poderosas y adineradas, como los Vives Lacouture y los Dávila Abondano, entre otros clanes políticos y empresariales de la Costa Caribe.
En 2014, la Corte Suprema lo condenó por peculado a favor de terceros y celebración indebida de contratos, señalando que se desvió el espíritu del programa y que hubo favorecimiento indebido. Lejos de responder ante la justicia, Arias se fugó a Estados Unidos en 2014 antes de que se dictara sentencia. Allí pidió asilo político, pero su petición fue negada, y finalmente fue extraditado a Colombia en 2019.
La condena, que alcanzó los 17 años y 4 meses de prisión, se convirtió en un emblema del uso del Estado para favorecer a poderosos, en lugar de a los campesinos y pequeños productores que realmente necesitaban apoyo.
Entonces, que una precandidata presidencial intente reescribir la historia de uno de los casos de corrupción más sonados de la era Uribe, presentándolo como una política “bienintencionada”, es visto por muchos como un intento descarado de limpiar la imagen de quien hoy es símbolo de los privilegios de la élite frente a la pobreza del campo colombiano.
