La disputa política entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella escaló a un nuevo nivel. En una declaración pública titulada “Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional”, el senador y excandidato presidencial, que alcanzó más de 12 millones de votos en la pasada contienda electoral, afirmó que no reconocerá la autoridad del presidente electo si, antes de posesionarse, no despeja una serie de dudas que, según él, comprometen la soberanía del país.
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Cepeda centró su pronunciamiento en un asunto fundamental respecto a la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella. Para el líder progresista, ese hecho no es un simple detalle biográfico ni un asunto administrativo, sino una posible incompatibilidad con el cargo más importante del Estado colombiano. Según Cepeda, al obtener la ciudadanía de Estados Unidos, De la Espriella prestó un juramento de naturalización que le impondría compromisos de lealtad frente al orden constitucional de ese país. En su criterio, eso podría generar un choque directo si llegara a presentarse un conflicto entre los intereses de Colombia y los de Estados Unidos.
“El juramento de ciudadanía de Estados Unidos establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales”, aseguró Cepeda durante su intervención. El excandidato fue más allá y planteó que, ante un eventual conflicto entre la soberanía colombiana y la estadounidense, De la Espriella tendría que tomar partido por esta última. Por eso sostuvo que el presidente electo debe renunciar a su nacionalidad estadounidense antes de asumir el poder el próximo 7 de agosto.
#Política| Iván Cepeda condiciona legitimidad de Abelardo de la Espriella: El senador exigió al presidente electo renunciar a la ciudadanía estadounidense y aclarar posibles vínculos con agencias de seguridad de EE. UU. Advirtió que, si no se garantizan la soberanía judicial y el… pic.twitter.com/gClwN5bSC2
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Por otra lado, Cepeda también puso sobre la mesa la relación de De la Espriella con Alex Saab, empresario colombiano procesado en Estados Unidos por lavado de activos. El senador recordó que el presidente electo fue abogado y asesor legal de Saab entre 2013 y 2019, aunque reconoció que De la Espriella ha defendido públicamente que se trató de una relación estrictamente profesional y que sus honorarios fueron legales.
Sin embargo, Cepeda citó cuestionamientos formulados por congresistas demócratas de Estados Unidos, quienes han pedido revisar presuntas transacciones bancarias e inmobiliarias que podrían beneficiar a De la Espriella y que, según esas comunicaciones, ameritarían un examen riguroso por parte de las autoridades estadounidenses.
También mencionó los señalamientos sobre Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, señalado como narcoparamilitar e informante de agencias federales estadounidenses. Cepeda sostuvo que esa relación, sumada a otros vínculos mencionados en investigaciones periodísticas, obliga a que las autoridades de Estados Unidos aclaren si De la Espriella ha sido o es colaborador de organismos como la DEA, la CIA o cualquier otra agencia de seguridad. “No se puede ser agente de la DEA o colaborador de la DEA y jefe de Estado en Colombia”, afirmó.
🔴 @IvanCepedaCast se dirigió al país esta mañana en rueda de prensa.
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Anunció una serie de situaciones que, de no ser resueltas, viciarían la posesión de De la Espriella como presidente.
En ese escenario, @IvanCepedaCast se declararía en desobediencia civil e invitaría a la… pic.twitter.com/pfJD3OLyhr
El senador también relacionó estos hechos con lo que considera una injerencia abierta de Estados Unidos en el proceso electoral colombiano. En su declaración, recordó el respaldo público de Donald Trump a De la Espriella y sostuvo que la situación podría representar una subordinación de la política exterior, la seguridad nacional y la soberanía judicial de Colombia frente a Washington.
Cepeda mencionó además el caso de Beto Coral, creador de contenido colombiano detenido en Estados Unidos, a quien calificó como preso político. Según el senador, la detención hace parte de un ambiente de persecución contra opositores y críticos del presidente electo. En este sentido, el dirigente progresista también acusó a De la Espriella de haber enviado listados de colombianos para que fueran investigados por autoridades judiciales estadounidenses, lo que calificó como una burla a los tribunales colombianos y una amenaza contra la soberanía judicial del país.
Por eso hizo un llamado directo a las altas cortes colombianas para que se pronuncien sobre el alcance de estos hechos. En su criterio, los magistrados deben defender la soberanía judicial de Colombia y aclarar si es admisible que asuntos internos del país terminen bajo la órbita del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
ANUNCIO DE DESOBEDIENCIA CIVIL pic.twitter.com/d3NDZFGa6H
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 30, 2026
La conclusión de Cepeda es oportuna y contundente, si De la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense, no aclara si tiene o no vínculos con agencias de seguridad norteamericanas, no cesa la persecución contra Gustavo Petro y no detiene la judicialización de opositores a través de autoridades extranjeras, su posesión estaría viciada. “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica”, declaró.
Cepeda insistió en que su llamado es pacífico y se fundamenta en una tradición política que defiende la resistencia no violenta frente a autoridades que, según su visión, entran en conflicto con la conciencia moral, la justicia y la dignidad nacional. “Cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente”, afirmó.
Con esta declaración, Cepeda marca el inicio de una oposición frontal contra De la Espriella. Ya no se trata únicamente de una disputa electoral, sino de una discusión profunda sobre soberanía, doble nacionalidad, relaciones con Estados Unidos, justicia nacional y límites del poder presidencial.
