Iván Duque y la UNGRD: un festín de corrupción, madera robada, daños ambientales y vínculos con el Clan del Golfo

La UNGRD enfrenta graves denuncias de corrupción, involucrando a redes criminales y tala ilegal en proyectos de reconstrucción, durante el Gobierno de Duque.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha estado bajo un intenso escrutinio a lo largo de 2024. Sin embargo, menos atención se ha dado a los graves casos de corrupción que datan de administraciones anteriores, particularmente durante los años de Duque, cuando Eduardo José González estuvo a cargo de la UNGRD.

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Uno de los escándalos más notables durante la administración de Duque fue el contrato de 19 mil millones de pesos gestionado por el excongresista Mario Castaño para solucionar problemas de deslizamientos de tierra. Castaño, posteriormente condenado a 15 años de prisión en 2023, lideraba una red criminal que se apropió de multimillonarios recursos del Estado en complicidad con alcaldes y funcionarios locales. Además, en septiembre de 2024, la Procuraduría presentó cargos contra González por la firma irregular de contratos multimillonarios durante la pandemia de COVID-19, incluyendo la compra indebida de ventiladores por más de 93 mil millones de pesos.

El caso de la reconstrucción de San Andrés y Providencia tras el huracán Iota en 2020 también ha sido uno de los mayores puntos críticos. Las denuncias surgieron tras la entrega de viviendas que supuestamente eran «búnkeres antihuracanes», pero que presentaban serias deficiencias, como filtraciones, grietas y madera podrida. Según investigaciones de El Espectador, una parte importante de la madera utilizada en estas construcciones fue adquirida de manera ilegal del Parque Nacional Natural Paramillo, un área protegida controlada por el Clan del Golfo.

El entramado de corrupción involucra a empresas como Maderas El Amparo, propiedad de los hermanos Villalba Luna, quienes estarían involucrados en la deforestación ilegal del parque natural. A pesar de los salvoconductos que la empresa presentó, investigaciones judiciales y policiales apuntan a su relación con el Clan del Golfo. La madera extraída fue vendida a intermediarios como Asglobal, que a su vez la comercializaron para proyectos de reconstrucción en el archipiélago.

Este caso de corrupción no solo desvela el nexo entre el crimen organizado, la deforestación ilegal y la contratación estatal, sino que también agrava la crisis medioambiental en áreas protegidas como Paramillo. La tala ilegal de especies nativas y vulnerables, como el Cedro y el Abarco, no solo ha causado la devastación de 400 hectáreas de bosque entre 2016 y 2023, sino que también pone en peligro el equilibrio ecológico de la región.

El escándalo pone de manifiesto la profunda corrupción en la UNGRD durante la gestión de Iván Duque y los graves efectos sociales y ambientales derivados de estos actos ilícitos.

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