El país volvió a estremecerse cuando la JEP destapó uno de los expedientes más siniestros que ha pasado por sus manos: 30 militares, entre ellos tres generales retirados, fueron imputados por su presunta participación en la maquinaria de muerte que operó durante años en el Meta bajo el disfraz de “resultados operacionales”. Esta vez, la justicia transicional dejó claro que no habrá uniforme ni estrella que alcance para ocultar la atrocidad.
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El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, fue directo al revelar la magnitud del horror: 209 asesinatos, incluidos 65 casos con desaparición forzada, además de una tentativa de homicidio, todos cometidos entre 2002 y 2007. “Las conductas fueron calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad”, afirmó Ramelli, dejando sin espacio para eufemismos a quienes durante años intentaron esconder lo innegable.
Entre los señalados aparecen los brigadieres generales en retiro Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, junto al mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán, quienes, según determinó la JEP, no ejercieron el control ni las obligaciones constitucionales que debían garantizar. Su omisión permitió que la VII Brigada se hundiera en una cultura donde lo importante no era proteger a la población, sino inflar estadísticas con víctimas inocentes.
#Atención | La JEP imputa crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos según el Código Penal colombiano a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados, por ‘falsos positivos’ en Meta. #Caso03
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El tribunal fue más allá al advertir que, pese a tener medios para evitar los crímenes, la dirigencia militar toleró y legitimó prácticas criminales que terminaron convertidas en rutina. Esa permisividad fortaleció un engranaje de impunidad que actuó como combustible para la tragedia.
La JEP también expuso los vínculos entre unidades del Ejército y el Bloque Centauros, evidenciando, como lo dijo el tribunal, “la realización de operaciones defensivas y ofensivas coordinadas” y una “permisividad con el accionar paramilitar”. Excomandantes como “Otoniel”, “Pirata” y “Chatarro” confirmaron la existencia de acuerdos perversos donde las falsas bajas funcionaron como moneda de intercambio para facilitar actividades criminales, entre ellas el narcotráfico.
El magistrado Alejandro Ramelli dijo que, a través de estos patrones, se materializó la política criminal orientada a la presentación de civiles como bajas en combate. Estos reflejan tanto las dinámicas propias del conflicto en Meta como las distintas formas en que las unidades… pic.twitter.com/dK1bUOmsjI
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El tribunal reiteró la imprescriptibilidad de 42 homicidios agravados presentados fraudulentamente como muertes en combate y criticó la falla sistemática de instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar, que no actuaron en defensa de las comunidades más vulnerables del Meta.
Los militares imputados enfrentarán ahora una decisión definitiva: aceptar los cargos y someterse a sanciones restaurativas de hasta ocho años, o negarlos y arriesgarse a condenas de hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria. Lo cierto es que, por fin, gracias a la JEP, las historias de quienes fueron arrebatados y disfrazados como enemigos caídos en combate comienzan a obtener algo que durante demasiado tiempo se les negó: verdad, justicia y la ruptura de un silencio que algunos pretendieron imponer a sangre y uniforme.
