La suspensión provisional del decreto por parte de la Corte Constitucional no debilitó el mensaje del Gobierno ni el respaldo cerrado de las entidades del sector eléctrico. Por el contrario, desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Air-e se elevó una defensa contundente de la medida, insistiendo en que el decreto no era un “nuevo impuesto”, sino una herramienta excepcional para evitar un riesgo sistémico y garantizar la continuidad del servicio de energía en el país, especialmente en el Caribe.
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Desde la Superservicios, el énfasis fue claro y directo: la prioridad siempre han sido los usuarios. El superintendente Felipe Durán Carrón reiteró que el decreto estaba técnicamente sustentado y diseñado para proteger a los hogares más vulnerables. “Total respaldo a la medida del Gobierno que busca garantizar la prestación del servicio de energía en el país y evitar posible riesgo sistémico a través de un cobro transitorio de 8 pesos Kw/h a los usuarios del Sistema Interconectado Nacional y que NO afectará a los usuarios de estrato 1 y 2 del país”, afirmó, subrayando que estos estratos cuentan con reglas especiales que impiden cualquier traslado del costo a las familias de menores ingresos.
La Superservicios recalcó además que el decreto fortalecía el Fondo Empresarial y brindaba herramientas excepcionales y temporales para asegurar un suministro confiable, sostenible y con tarifas justas, una respuesta preventiva ante las dificultades financieras del sector y no una improvisación, como han querido mostrar algunos sectores.
En la misma línea, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó la iniciativa y defendió su espíritu de protección al usuario y de estabilidad del sistema. Desde el Ministerio se insistió en que la medida buscaba evitar un escenario de crisis que terminaría siendo mucho más costoso para el país y para los ciudadanos, y que su diseño apuntaba a preservar la confiabilidad del sistema eléctrico sin sacrificar la justicia tarifaria.
Air-e, empresa intervenida y pieza clave en la prestación del servicio en la región Caribe, también respaldó el decreto, destacando que mecanismos de este tipo son necesarios para garantizar la continuidad del suministro en territorios históricamente golpeados por la inestabilidad del servicio. Para la compañía, el fortalecimiento del Fondo Empresarial y el respaldo institucional representan una garantía para millones de usuarios que durante años padecieron apagones y deficiencias estructurales.
Aunque la Corte Constitucional suspendió los efectos del decreto mientras emite un fallo de fondo, tras una ponencia presentada por la magistrada Paola Meneses y pese a los salvamentos de voto de los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, desde el Gobierno y las entidades del sector el mensaje es inequívoco: la medida fue concebida para proteger a los usuarios, evitar un colapso del sistema y asegurar un servicio de energía estable y sostenible. La suspensión es temporal, pero el respaldo político, técnico e institucional al decreto se mantiene firme.
