Mano derecha de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, condenada a pagar millonada por las chuzadas del DAS

Otro “buen muchacho” del uribismo cayó: el Consejo de Estado condenó a Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia de Álvaro Uribe, a pagar más de $354 millones por las chuzadas del DAS contra la Corte Suprema.

La sombra de las “chuzadas” del DAS volvió a golpear de lleno al corazón del uribismo. Esta vez, la Sección Tercera del Consejo de Estado le pasó la cuenta de cobro a Bernardo Moreno Villegas, exsecretario general de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos a Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño, al condenarlo a pagar más de 354 millones de pesos por su responsabilidad directa en el espionaje ilegal contra la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal fue contundente: Moreno, quien manejó el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Uribe, deberá responder con su propio bolsillo por los daños causados a Sigifredo Espinosa Pérez, exmagistrado de la Sala Penal, víctima de seguimientos, interceptaciones, asedio y maniobras de desprestigio ejecutadas desde el extinto DAS. Según el fallo, las interceptaciones se realizaron entre 2007 y 2008 y tenían como objetivo obtener información reservada, incluso el contenido de sesiones privadas de los magistrados, en pleno pulso político entre el Ejecutivo y la Corte.

Para el Consejo de Estado no hubo dudas: quedó probado que Moreno dio la orden de interceptar al exmagistrado utilizando la estructura del DAS y a través de María del Pilar Hurtado, entonces directora de esa entidad de inteligencia. Así lo dejó consignado el tribunal en su decisión: “Declárase la responsabilidad patrimonial personal del señor Bernardo Moreno Villegas. Como consecuencia, condénase (…) a pagar en favor de la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos”.

El fallo revive uno de los capítulos más oscuros del gobierno Uribe, ese en el que desde el Estado se persiguió a magistrados incómodos. No es un episodio aislado. Moreno ya había sido destituido e inhabilitado en 2010 por la Procuraduría, cuando Alejandro Ordóñez dirigía la entidad, al considerar que se extralimitó en sus funciones al reunirse con funcionarios del DAS y la UIAF para recabar información reservada sobre el empresario Asencio Reyes. También fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por la llamada “Yidispolítica”, el escándalo de compra de votos que permitió la reelección presidencial de Uribe.

En ese proceso, la Corte determinó que Moreno influyó en servidores públicos para ofrecer nombramientos y contratos a personas cercanas a la excongresista Yidis Medina, la ficha clave para aprobar la reforma constitucional. Por ese delito fue sentenciado a ocho años de prisión, condena que luego derivó en prisión domiciliaria y libertad condicional. En ese mismo caso cayeron otros dos exministros del uribismo: Sabas Pretelt y Diego Palacios.

Ahora, con esta nueva condena patrimonial, otro “buen muchacho” del uribismo termina respondiendo ante la justicia por uno de los escándalos más graves de abuso de poder en la historia reciente del país. El Consejo de Estado incluso ordenó que, cuando la sentencia quede en firme, se entreguen al Dapre los depósitos judiciales que Moreno consignó como garantía.

Y mientras los tribunales siguen desmenuzando responsabilidades, la pregunta vuelve a flotar en el aire, incómoda y repetida: ¿cómo es que tantos funcionarios clave del gobierno de Álvaro Uribe terminaron condenados por chuzadas, corrupción y abuso de poder, y el expresidente, como siempre, “no sabía nada”?

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