La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, ordenó a la Unión Temporal Centros Poblados el pago de 87.027 millones de pesos al Estado colombiano. Este monto corresponde a los incumplimientos en el contrato de conectividad para las zonas más apartadas del país, dentro del proyecto Centros Digitales, impulsado en 2020 durante el gobierno de Iván Duque.
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El fallo de la Contraloría determinó que la ejecución del contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Funtic) y la Unión Temporal Centros Poblados, estuvo marcada por una gestión fiscal ineficaz e ineficiente. Se señaló que el consorcio, su representante legal, la firma interventora y los proveedores de equipos de internet son responsables del detrimento patrimonial de más de 70 mil millones de pesos. El proyecto tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en zonas apartadas de Colombia, pero no se logró cumplir con este compromiso, lo que llevó a la terminación anticipada del contrato.
La Contraloría nunca vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a la exministra Karen Abudinen por el caso Centros Poblados.
— Paola Herrera (@PaoHerreraC) October 22, 2024
Hoy, cuando esa entidad emite el fallo por 87.000 millones de pesos, también exoneró a los otros funcionarios del MinTic que permitieron el robo y…
Además, el fallo destacó que el consorcio presentó una garantía bancaria falsa, lo que permitió el inicio del contrato y el desembolso del anticipo de 70.000 millones de pesos. El organismo de control señaló que este incumplimiento afectó directamente los fines esenciales del Estado de llevar conectividad gratuita a las regiones más apartadas del país.
Por otro lado, el fallo también responsabilizó al consorcio interventor, que aprobó órdenes de pago sin verificar adecuadamente los documentos que respaldaban dichas transacciones, lo que facilitó el acceso a los recursos sin el cumplimiento de las condiciones establecidas.
En cuanto a los funcionarios involucrados, la Contraloría exoneró a Adriana Meza, representante legal delegada del Funtic, y a Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC. Meza fue informada del incumplimiento del contratista hasta mayo de 2021, mientras que Orjuela siguió los procedimientos necesarios para la aprobación de las garantías bancarias, siendo engañada por los miembros de la Unión Temporal. Asimismo, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, supervisor del contrato, fue absuelto de responsabilidad, ya que no participaba directamente en la aprobación de las órdenes de pago.
🚨🧑⚖️ATENCIÓN: La Contraloría ha ordenado a la Unión Temporal Centros Poblados devolver al Estado $87.027 millones de pesos, tras el escándalo de corrupción relacionado con el contrato que buscaba llevar internet a 15.000 escuelas rurales.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 22, 2024
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Este caso de corrupción llevó a la renuncia de la entonces ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, quien fue mencionada en múltiples ocasiones en el escándalo. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación disciplinaria en su contra. Según la entidad, no se encontraron pruebas suficientes que demostraran una falta disciplinaria por parte de Abudinen en la adjudicación del contrato 1043 de 2020. La Procuraduría concluyó que no hubo responsabilidad directa por parte de la exministra, y su actuación no infringió las normas de contratación pública.
A pesar de las pérdidas millonarias que sufrió el Estado en este caso, Abudinen quedó libre de sanciones disciplinarias, lo que ha generado críticas al proceso y cuestionamientos sobre la impunidad en un caso tan relevante para la conectividad del país.
