¡Más de $326 millones para un evento de oración en plena tragedia nacional! El Ministerio de las Culturas, dirigido por Paola Holguín, reconoció una contratación millonaria para la producción técnica y artística de la Gran Velatón encabezada por Abelardo de la Espriella en Bogotá. La cifra desata cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno frente a las necesidades de miles de damnificados en las regiones afectadas por el sismo.
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La indignación tiene una cifra exacta y un documento oficial. Alejandro Vergel Arévalo reveló que el Ministerio de las Culturas confirmó un contrato por $326.407.833 para el evento del 28 de agosto en la Plaza de Bolívar. El encuentro fue presentado como una manifestación de solidaridad con las víctimas del terremoto, pero su costo abre una controversia sobre el manejo del dinero público en medio de la tragedia que afectó la vida de cientos de miles de personas y que aún esperan la ayuda del Estado.
La información aparece en una respuesta a un derecho de petición del Ministerio de las Culturas fechada el 2 de octubre de 2026, dirigida al creador de contenido Alejandro Vergel. El documento responde a dos peticiones presentadas el 28 de agosto y el 22 de septiembre, relacionadas con el evento denominado Oración por Colombia o Gran Velatón, organizado después del terremoto que golpeó al país el 10 de agosto.
La comunicación oficial identifica el Convenio de Asociación número 0958-2026, celebrado entre el Ministerio de las Culturas y la Corporación de Desarrollo Social Élite. Según la respuesta, esta corporación contrató a la empresa 10 Audio S.A.S. mediante el contrato CA958-107-2026 para desarrollar actividades de producción técnica y artística vinculadas con la jornada realizada en el centro de Bogotá. El valor consolidado informado por la entidad fue de $326.407.833, incluidos impuestos y retenciones, sin adiciones ni prórrogas.
🚨¿Ustedes sabían que la ministra de las Culturas mentirosa, que no se graduó de la maestría, Paola Holguín, se gastó $326 millones en el evento de “oración” en la Plaza de Bolívar con Abelardo dizque por las víctimas del terremoto, mientras miles de personas siguen esperando las ayudas del Gobierno? Esto me respondió en un derecho de petición. ¡DERROCHE TOTAL!
— Alejo Vergel (@YoAlejoV) October 8, 2026
Alejandro Vergel divulgó la respuesta en su cuenta de X y cuestionó directamente a la ministra Paola Holguín. El denunciante contrastó la contratación con las dificultades que enfrentan las miles de familias afectadas por el terremoto y cerró su publicación con una expresión contundente. «¡DERROCHE TOTAL!», escribió, al exigir explicaciones sobre la utilización de recursos públicos durante la emergencia.
El contraste adquiere dimensiones preocupantes cuando se revisan las cifras oficiales de la tragedia. Según un balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, citado por el propio Ministerio de las Culturas con corte al primero de septiembre, el terremoto había dejado 331 personas fallecidas, 4.519 heridas y 136 desaparecidas en distintas regiones colombianas.
El mismo reporte contabilizaba 466.606 personas afectadas, pertenecientes a 290.252 familias, distribuidas en 497 municipios de 16 departamentos. También registraba cerca de 201.000 viviendas averiadas y casi 38.000 completamente destruidas. Son cifras que permiten dimensionar el desafío de la reconstrucción y explican por qué una contratación de semejante valor para una ceremonia pública provoca cuestionamientos.
La pregunta sobre las prioridades presupuestales resulta inevitable. ¿Era indispensable destinar más de $326 millones a la producción de una jornada simbólica cuando centenares de miles de personas necesitaban soluciones materiales? Aunque el acto también permitió recibir donaciones, la respuesta conocida no establece cuánto se recaudó, qué proporción del presupuesto fue pública ni cuáles fueron los resultados humanitarios directamente atribuibles al evento.
La Gran Velatón se realizó el viernes 28 de agosto de 2026, apenas 18 días después del terremoto de magnitud 7,4. La convocatoria estuvo encabezada por Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda, con el respaldo de la Capellanía de la Presidencia de la República y la Conferencia Episcopal de Colombia.
🇨🇴🕯️ Este viernes 28 de agosto, a las 6:00 p. m., la Plaza de Bolívar será un espacio de oración por Colombia. 🫂Todos los credos y religiones se unirán para pedir por la reconstrucción del país y enviar un mensaje de esperanza y unidad a todos los colombianos. 🫱🏻🫲🏼 https://t.co/ZvareITPN9
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) August 24, 2026
La Presidencia anunció que la recepción de donaciones comenzaría a las once de la mañana, que el ingreso a la Plaza de Bolívar se habilitaría a las tres de la tarde y que el encuentro principal iniciaría a las seis. La jornada buscaba reunir alimentos, productos de aseo y otros elementos esenciales para los damnificados, además de promover un mensaje de solidaridad nacional.
Durante la ceremonia participaron agrupaciones musicales y representantes de diferentes sectores religiosos. La ministra Paola Holguín agradeció públicamente estas participaciones, destacando la importancia de acompañar a las familias que habían perdido seres queridos, viviendas y medios de subsistencia. De allí la gran contradicción, gastar recursos públicos que se hubieran podido invertir en las familias a las que hacía referencia la cuestionada ministra.
Sin embargo, la controversia no gira alrededor de la solidaridad de los asistentes ni del derecho de los ciudadanos a expresar sus creencias. El cuestionamiento se concentra en las decisiones administrativas que permitieron financiar la producción del encuentro y en la necesidad de conocer qué servicios se contrataron, cómo se establecieron sus precios y cuáles fueron sus resultados.
El debate también compromete el discurso de austeridad y transparencia de la propia ministra. El 8 de septiembre, durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, Paola Holguín anunció una revisión del gasto administrativo y de los procesos de contratación del Ministerio de las Culturas para mejorar el manejo de los recursos públicos.
En esa intervención, divulgada por la entidad, la funcionaria sostuvo que era necesario transparentar las cuentas antes de discutir el presupuesto. La declaración adquiere especial relevancia frente a la contratación de la Gran Velatón. Si la ministra exige controles rigurosos sobre el gasto público, corresponde aplicar esos mismos criterios a los compromisos económicos adquiridos durante su administración.
#Bogotá | Este es el panorama a esta hora en la Plaza de Bolívar, donde se realizará la Gran Velatón por las víctimas y familias afectadas por el terremoto, en el marco de la jornada “Oración por Colombia”. https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/r9rIhcj1d9
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2026
La trayectoria académica de Holguín también ha sido objeto de cuestionamientos públicos. Su hoja de vida registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público identifica una maestría en Estudios Políticos con estado de no graduado. Ese dato oficial permite verificar su situación académica. En las últimas horas se ha hecho pública la corrección que ha tenido que hacer respecto a su formación posgradual.
Otro aspecto que merece atención es la participación de la Corporación de Desarrollo Social Élite como entidad asociada al Ministerio. La respuesta señala que esta organización contrató a 10 Audio S.A.S., pero la página divulgada no permite conocer el procedimiento completo de selección, los estudios de mercado, los entregables, las actas de supervisión ni los pagos efectivamente realizados.
Esos documentos serían fundamentales para determinar si el valor contratado corresponde a precios razonables y si los servicios fueron ejecutados conforme a las obligaciones pactadas. La existencia de un contrato millonario no constituye automáticamente una irregularidad, pero sí justifica una revisión rigurosa, especialmente cuando la contratación está vinculada con una emergencia humanitaria de alcance nacional. La petición de Alejandro Vergel solicitó también discriminar los recursos apropiados, comprometidos, obligados y pagados, además de identificar qué entidad o tercero asumió cada suma.
Para los ciudadanos que perdieron sus viviendas, las necesidades continúan siendo concretas. Materiales de construcción, alimentos, atención médica, agua potable, vías habilitadas y soluciones de alojamiento son prioridades que demandan recursos y capacidad institucional. Por eso, conocer cuánto costó la ceremonia y cómo se justificó ese gasto resulta relevante para evaluar las decisiones del Gobierno durante la emergencia.
El Ministerio de las Culturas debería publicar el expediente contractual completo, explicar los componentes del presupuesto y demostrar qué recibió el Estado a cambio de los $326.407.833 informados. También sería pertinente establecer si hubo aportes de otras entidades y presentar un balance verificable de las donaciones recibidas durante la jornada del 28 de agosto.
La controversia deja una pregunta de fondo para Paola Holguín y la administración de Abelardo de la Espriella. ¿Cómo justificar ante las familias damnificadas una contratación de más de $326 millones para la producción de un acto simbólico? La respuesta no puede limitarse a invocar la solidaridad. Debe incluir cuentas completas, soportes contractuales y resultados que puedan ser examinados públicamente.
