Un fallo histórico del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia destapó lo que por años se quiso tapar con dólares y silencios: siete altos ejecutivos de Chiquita Brands, la reina mundial del banano, fueron hallados culpables de financiar paramilitares que aterrorizaron a miles de familias en el Urabá antioqueño.
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Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún, todos ellos con traje y corbata pero manos manchadas de sangre, deberán pagar 11 años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Sin embargo, muchos ya gozan de residencia VIP fuera del país: Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y Panamá se volvieron refugios para los magnates del banano.
#ÚltimoMinuto ⚖️Fallo histórico en Medellín: 7 altos directivos de Chiquita Brands fueron condenados por financiación al paramilitarismo. La pena: 11 años y 3 meses de prisión y una multa superior a 14 mil millones de pesos. Un caso emblemático de justicia transicional. pic.twitter.com/ybZEBtwluy
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) July 23, 2025
La propia jueza del caso fue clara: “Está claro que hubo un acuerdo tácito de colaboración con un grupo armado ilegal, que los recursos aportados por la empresa Banadex (filial de Chiquita) contribuyeron a financiar este ejército de manera constante y por espacio de varios años…”. Más claro, imposible: no hubo fusil en la cabeza, sino contratos y cuentas bancarias.
A pesar de la contundencia de la sentencia, la historia podría volverse una burla si la justicia deja que el proceso se pudra en los archivos: podría prescribir en septiembre de 2025. “El proceso lleva casi 17 años… siempre se recibió respuesta negativa”, denunció la jueza, quien hasta comparó la negligencia con los privilegios que rodean el caso del expresidente Uribe: “Sorprende… cuando en otro proceso de connotación como el que se adelanta contra Uribe Vélez, se ordenó suspender el reparto de tutelas y procesos al juzgado…”, reclamó.
🚨Condenan a 7 directivos de Chiquita Brands por financiar grupos paramilitares.
— Alejo TORO (@AlejoToroAnt) July 24, 2025
En la histórica sentencia aparece el nombre del paramilitar Raúl Hasbún, 'Pedro Bonito', a quien Álvaro Uribe, siendo gobernador, le autorizó la Convivir Papagayo. pic.twitter.com/2L27O148QZ
Mientras tanto, los paramilitares seguían recibiendo plata fresca. El esquema era grotescamente simple: 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada iban directo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un veterinario destapó la olla podrida en 2005 y desde entonces la justicia caminó a paso de tortuga mientras el Urabá enterraba a sus muertos.
Aún así, hay quienes insisten en vender la idea de que los señores del banano eran unos pobrecitos extorsionados. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, salió a defender a los ejecutivos en julio del año 2024: “Lo que pasaba en el Urabá era supervivencia pura… Ninguna empresa comercializadora del banano vivió de la plata de los paramilitares”, dijo sin ruborizarse. Y agregó que fue un simple “acuerdo” de 3 centavos por caja. ¿Acuerdo? El mismísimo Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, le desmintió la narrativa: “Chiquita Brands les entregó dineros a las autodefensas, no fue con un fusil en la cabeza”, declaró Mancuso, quien sabe bien de qué habla.
La justicia colombiana le da la razón a las víctimas del conflicto al fallar contra Chiquita y sus directivos. Pero, a mi si me gustaría saber que piensa @MariaFdaCabal, una defensora ACÉRRIMA de esta empresa que no eran las "víctimas" ni mucho menos como lo plasma ella aquí 🤷♀️ pic.twitter.com/pIYCd8wLlG
— Stefany Ostios 🌻 (@TefaOstios) July 24, 2025
Y si quedaba alguna duda, el periodista Ignacio Gómez, de Noticias Uno, la despeja: “El único puerto apto para descargarle las armas a Chiquita era ‘El Zungo’, el de la licencia del soborno”. Así llegaban los fusiles que acribillaron comunidades enteras.
Para Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, este fallo es solo un pequeño triunfo para quienes perdieron todo en la guerra del banano: “Es un mensaje al mundo de que las multinacionales no pueden venir a Colombia a concertarse para delinquir y luego irse como si nada hubiera pasado”. El jurista exige que el Estado mueva fichas para extraditar a los condenados que hoy disfrutan del buen clima en Miami o Panamá. Además, pide que las millonarias multas, 13 mil millones de pesos en Colombia y 25 millones de dólares en EE.UU., no se queden en cajas fuertes estatales: “Ojalá llegara a manos de las víctimas… que esa plata llegue de manera directa”, dijo Vega.
Mientras Urabá sigue contando muertos, Chiquita Brands se lavaba las manos exportando fruta y horror. Y algunos políticos, como Cabal, pretenden convertir a los victimarios en mártires empresariales. Pero la verdad se impone: los millones del banano fueron pólvora para masacres y silencios.
