Nuevos testimonios ante la JEP señalan al condenado Álvaro Uribe de haber abierto las puertas al paramilitarismo en Antioquia

Los hermanos Angulo destapan el horror: aseguran que la Gobernación de Uribe fue clave en la logística paramilitar detrás de las matanzas en Antioquia.

El fantasma del paramilitarismo vuelve a golpear la puerta de Álvaro Uribe Vélez. Los testimonios de los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) destaparon una verdad incómoda: empresarios, funcionarios de la Gobernación de Antioquia y militares habrían facilitado armas, logística, recursos y hasta información para las sangrientas masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), cometidas bajo el dominio de las AUC en tiempos en que Uribe era gobernador.

Los hermanos Angulo, condenados en el pasado por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, detallaron ante la JEP cómo hicieron parte de las temidas Convivir, estructuras de “seguridad privada” que, en realidad, sirvieron como fachada para los paramilitares de Salvatore Mancuso.

“Hice parte de la Convivir como auditor fiscal. Este grupo fue creado para ser un intermediario legal entre paras y Ejército. Teníamos con los paras una relación de amistad, de financiamiento y de entrega de información. El rol mío y el de todos los que colaboramos fue haber financiado y prestar ayuda de víveres, medicinas, transporte, alojamiento, y dinero a los paras, al igual que darle información al Ejército y a la Gobernación de Antioquia de dónde debían bombardear, todo eso permitió la masacre del Aro y La Granja”, confesó Francisco Angulo.

Las revelaciones no dejan dudas sobre una maquinaria bien aceitada: según los testimonios, desde la Gobernación se aceleraban permisos, se entregaba personería jurídica a las Convivir en tiempo récord y se tejía un puente directo con el Ejército. Los Angulo señalaron a Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Uribe y fallecido en 2006, como pieza clave en el engranaje, junto con un asesor de apellido Zapata, encargado de tramitar la legalización de estas asociaciones.

“Había tres pasos básicos: Se constituía la asociación (la Convivir); luego debíamos tener un concepto militar favorable de la Cuarta Brigada del Ejército; después se solicitaba el reconocimiento de la personería ante la Gobernación de Antioquia (que fue firmada por Zapata) y; después se tramitaba ante la Superintendencia de Vigilancia las armas y radios de comunicaciones”, explicó Angulo ante la JEP.

Los magistrados destacaron incluso la “expeditez” con que se aprobaban las solicitudes, con el apoyo directo de generales que veían en las Convivir una estrategia de contrainsurgencia.

Las confesiones también revelaron detalles macabros: los paramilitares no solo arrasaron pueblos enteros, sino que arrojaban a sus víctimas por precipicios conocidos como los voladeros de Chingalé. Además, señalaron que dirigentes de las Convivir tenían vínculos familiares directos con quienes ejecutaban las masacres.

El testimonio de los Angulo también incluyó un episodio oscuro de manipulación judicial: una fiscal, que filtraba información a los paras, habría sido cómplice en desviar investigaciones y en el robo de expedientes que contenían pruebas sobre la complicidad militar en Ituango. Esa funcionaria fue asesinada años después.

Pese a la contundencia de los testimonios, Álvaro Uribe insiste en su inocencia. En 2018 reconoció haber apoyado a las Convivir, pero aseguró que lo hizo en nombre de la “colaboración ciudadana con la fuerza pública”: “El gobierno departamental reconocía la personería jurídica, pero la licencia operativa y la supervisión correspondían a la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional. Siempre impulsé el trabajo honesto a través de reuniones periódicas entre los gerentes de las Convivir con la finalidad de cimentar el compromiso que las asociaciones debían proclamar y respetar los derechos humanos”, afirmó Uribe.

Su abogado, Jaime Granados, salió a descalificar las revelaciones: “Ese relato de los hechos no supera ni el ámbito del chisme…”.

La JEP citó nuevamente a los hermanos Angulo para ampliar sus confesiones, que podrían destapar nuevos capítulos de los crímenes de lesa humanidad en Antioquia. En paralelo, el Tribunal Superior de Bogotá avanza en la decisión de segunda instancia sobre el caso de manipulación de testigos que involucra directamente a Uribe.

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