La Jurisdicción Especial para la Paz volvió a sacudir la historia reciente del país, y de paso dejó en ridículo, otra vez, a la senadora María Fernanda Cabal, quien insiste en negar lo innegable. Mientras ella defiende que “el Estado jamás exterminó a la Unión Patriótica” y descalifica a periodistas diciéndoles que tienen “cemento en el cerebro”, la JEP acaba de imputar a cinco altos mandos militares retirados por su responsabilidad directa en uno de los capítulos más sangrientos del país: el genocidio político contra la UP.
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La bomba estalló este martes cuando la Sala de Reconocimiento presentó su decisión: imputar a los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río, junto con los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía, Eduardo León Figueroa y Manuel José Pérez, señalados como máximos responsables de una maquinaria criminal que dejó miles de víctimas entre 1984 y 2007. Según la magistrada Catalina Díaz, el exterminio se ejecutó para borrar del mapa a la oposición de izquierda, justo cuando la UP alcanzaba un éxito electoral sin precedentes. “El ataque genocida contra la UP estuvo relacionado con el éxito electoral del partido político”, explicó la togada, dejando sin piso los discursos revisionistas.
🚨#Regiones | La @JEP_Colombia confirmó que el 70% de los asesinatos que ocurrieron contra la UP se trataron de un genocidio y sucedieron en el Urabá antioqueño.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) December 10, 2025
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La JEP fue aún más explícita: “Fue un crimen que empezó con el patrón de la estigmatización de sus militantes, tildándolos de ser guerrilleros de las extintas Farc”. Esa estigmatización, según el tribunal, derivó en una operación sistemática que apuntó a todos los niveles del partido: desde líderes de base hasta dos candidatos presidenciales, seis congresistas, 17 alcaldes y 165 concejales. Un exterminio político de punta a punta.
Los archivos secretos de inteligencia militar, incluyendo listas con miles de nombres, fechadas y clasificadas, revelan que la persecución no fue improvisada ni espontánea. Todo lo contrario: fue planificada, documentada y ejecutada desde estructuras oficiales que trabajaban de la mano con grupos paramilitares. La magistrada Díaz fue tajante al describirlo como una política sostenida para “impedir la participación de una fuerza de oposición”.
El patrón macrocriminal 'Destrucción del partido político UP' tuvo tres modalidades:
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 9, 2025
📍Primera: Asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de campesinos, obreros bananeros y sindicalistas mediante asaltos a fincas bananeras y campesinas para destruir a la base de la… pic.twitter.com/GMiqrpYLxb
Mientras tanto, Cabal continúa repitiendo en entrevistas y redes que “no me diga jamás que el Estado aniquiló la Unión Patriótica”, frase que ella misma viralizó y que miles de usuarios han replicado sin verificar. Pero la realidad es otra. Las decisiones de la JEP se suman a sentencias de la Corte Interamericana, investigaciones de la Fiscalía, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Sistema de Verdad. Todos, sin excepción, concluyen lo mismo: el Estado sí participó en el exterminio de la UP, en alianza con sectores paramilitares.
Y por si fuera poco, este mismo martes, en otra decisión paralela, la JEP imputó a 34 personas, incluyendo militares, exFARC y civiles, por los crímenes masivos ocurridos en el Urabá antioqueño. Entre los señalados también aparece de nuevo Rito Alejo del Río. Las cifras dan escalofríos: más de 54.000 víctimas. Otra demostración contundente de cómo operaron, durante años, estructuras criminales desde adentro del propio Estado y con participación de terceros.
Así que mientras Cabal grita en videos virales que todo es un invento y que los culpables son otros, la JEP responde con expedientes, archivos militares, imputaciones y evidencia histórica: el Estado sí fue responsable del genocidio contra la Unión Patriótica. Lo demás, como quedó demostrado una vez más, es puro humo político.
