Revista Semana conoció el documento completo que están estudiando los magistrados.
La discusión se encuentra al rededor de que el proceso pase a la ley 906 y que el exsenador continúe detenido, el documento consta de 29 páginas que decidirán lo que suceda con el futuro judicial de Uribe.
El ponente es el magistrado Gerson Chaverra Castro, quien plantea una vía para la tarea que encargó la juez de garantías: Determinar cuál debe ser la ley penal que se le aplicará al proceso del líder del Centro Democrático, recordemos, que por la renuncia del expresidente al Senado, se trasladó el expediente a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual también se tiene que definir si el proceso debe llevarse bajo el nuevo sistema penal acusatoria (ley 906) o el sistema inquisitivo (ley 600) por el cual se venia desarrollando el caso.
En cuanto a la detención, dentro de la ponencia el magistrado resalta la tesis de que la justicia ordinaria debe tomar el proceso justo en el momento procesal en el que se remitió por parte de la Corte Suprema de Justicia. En pocas palabras, que la medida de aseguramiento debería mantenerse:
«Del contenido de esta decisión de ninguna manera puede entenderse derivado un efecto negativo sobre la actuación cumplida con el lleno de los requisitos y habilitación constitucional y legal con sujeción a los límites, alcances, reglas probatorias y principios de la Ley 600 de 2000, pues como bien lo realzó la señora Procuradora Delegada en este trámite y se desprende, entre otros de los antecedentes en Sala de Casación Penal de los Rad.44845 de 2014 y Rad. 48965 de 2017, desde esta perspectiva todo lo actuado tiene una inobjetable validez jurídica, máxime si se considera la oportunidad y circunstancias en que se adelantó, con estricta preservación de la garantía del juez natural, como significativa expresión del debido proceso y la competencia discernida por la ley.
Por consiguiente, bajo los lineamientos de la ley 906 de 2004, debe continuarse la presenté actuación, adelantándose las fases procesales que conforme a la citada codificación, subsiguen luego de formulada la imputación, pues se entiende que el acto de vinculación procesal del investigado se surtió plenamente y con efectos vinculantes mediante la diligencia de indagatoria, en la cual, desde el plano fáctico y jurídico» le fueron imputados y comunicados al ciudadano Uribe Vélez los cargos objeto de investigación, pues la renuncia al fuero de Congresista jamás podrá entrañar la irrazonable, y absurda consecuencia de generar la invalidación de actuaciones judiciales surtidas válidamente en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley procesal aplicable en su momento y con apego estricto al debido proceso».
Este lunes 5 de octubre de 2020, los togados tendrán que decidir si se aprueba la ponencia de su colega, el magistrado Gerson Chaverra. Aún no hay certeza de lo que pueda pasar, pues las opiniones están bastante divididas.