El Gobierno nacional volvió a marcar un punto de quiebre en la historia agraria del país. El presidente Gustavo Petro sancionó en Cereté, Córdoba, la Ley de Jurisdicción Agraria, una herramienta clave para resolver conflictos sobre la tierra, al tiempo que avanzó en la entrega de predios a campesinos en distintas regiones, en lo que se consolida como uno de los resultados más visibles de su apuesta por la reforma rural.
Le puede interesar: Alirio Barrera: Senador del Centro Democrático y jefe de debate de Paloma Valencia es denunciado por presunto abuso sexual
Le puede interesar: Gobierno Nacional destroza el falso escándalo de contratos “a dedo” y dejan en evidencia la manipulación de los medios
Durante décadas, el acceso a la tierra ha sido uno de los principales factores de desigualdad en Colombia y una de las raíces del conflicto armado. La nueva jurisdicción busca precisamente enfrentar ese problema estructural, creando un sistema especializado que permita resolver disputas agrarias de manera más rápida, justa y efectiva.
El propio presidente ha insistido en que este paso representa una transformación profunda del Estado. Según Petro, se trata de garantizar que la justicia llegue al campo y que los conflictos sobre la tierra no sigan siendo un obstáculo para la paz y el desarrollo.
Cumplimos. Llegamos a 700.000 hectáreas y debemos llegar a 3.000.000 de hectáreas entregadas a las familias campesinas de tierras fértiles.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2026
Dónde más se ha entregado es en el departamento de Antioquia.
Le dijimos al Congreso por la declaración unilateral de estado entregada al… pic.twitter.com/YN6zXiwk0x
En paralelo a la firma de la ley, el Gobierno ha continuado con la entrega de tierras a campesinos, una de las promesas centrales de su programa. Estas adjudicaciones no solo buscan corregir inequidades históricas, sino también impulsar la producción agrícola y fortalecer la economía rural. En el acto de firma de la Ley el presidente entregó 3600 hectáreas de tierra a familias damnificadas por las recientes inundaciones.
Adicionalmente, el pasado 28 de marzo el presidente Petro hizo una publicación en sus redes sociales confirmando la entrega de 700.000 hectáreas de tierras fértiles a familias campesinas.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que la reforma agraria no es un concepto abstracto, sino una política en marcha que ya empieza a mostrar resultados concretos en los territorios. La entrega de predios, acompañada de asistencia técnica y apoyo institucional, apunta a garantizar que las familias campesinas puedan trabajar la tierra en condiciones dignas.
Le entregó tierra a los campesinos de Córdoba , otras 3.600 hectáreas más y le entregó tierra al agua para rehacer las ciénagas.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2026
Justicia social y ambiental al mismo tiempo. pic.twitter.com/hcQq0LzGYj
La Jurisdicción Agraria se convierte en el soporte jurídico de ese proceso. Su creación permitirá atender conflictos que durante años han quedado atrapados en trámites interminables, favoreciendo escenarios de inseguridad jurídica y concentración de la tierra.
Analistas han destacado que esta medida recoge compromisos históricos del país, incluyendo los acuerdos de paz y los traduce en acciones concretas. En ese sentido, la ley no solo tiene un impacto legal, sino también político y social.
El avance del Gobierno en este frente también contrasta con años de estancamiento en la implementación de políticas agrarias. Mientras en el pasado la discusión se quedaba en el discurso, hoy se materializa en normas, instituciones y acciones en territorio.
El impacto de estas decisiones se empieza a sentir en las regiones. Campesinos que durante años no tuvieron acceso a la tierra ahora reciben predios que les permiten proyectar un futuro distinto. Al mismo tiempo, la posibilidad de resolver conflictos agrarios de manera más ágil reduce tensiones históricas en zonas rurales.
¡Es un día histórico para Córdoba y para el país!
— Harman Felipe (@harmanfelipe) March 28, 2026
En Cereté, junto al presidente @petrogustavo , entregamos más de 3.000 hectáreas a 1.000 familias campesinas afectadas por las inundaciones y anunciamos la demolición de más de 62 diques y jarillones que durante años cerraron el… pic.twitter.com/1cH72B5Tds
El Gobierno ha sido enfático en que la reforma rural es uno de los pilares de su proyecto. No se trata solo de redistribuir tierra, sino de construir un modelo de desarrollo que reconozca el papel del campo en la economía nacional.
Las críticas no han faltado, especialmente desde sectores tradicionales y de oposición que han cuestionado la reforma. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que el país no puede seguir postergando una transformación que ha sido aplazada durante décadas.
En medio de ese debate, lo cierto es que la firma de la Ley de Jurisdicción Agraria y la entrega de tierras marcan un avance tangible. No es una promesa futura, es una política en ejecución. La tierra, uno de los ejes históricos de la desigualdad en Colombia, empieza a ser abordada con decisiones concretas.
En ese proceso, el presidente Petro busca dejar una huella que va más allá de su mandato. Una en la que el campo deje de ser sinónimo de abandono y se convierta en protagonista del desarrollo del país.
