Una abierta confrontación institucional quedó al descubierto tras el anuncio de al menos 17 gobernadores que decidieron no aplicar el decreto de emergencia económica con el que el Gobierno nacional ajustó el impuesto al consumo de licores y cigarrillos. La movida, liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya es calificada desde el Ejecutivo como una peligrosa desobediencia a la ley que podría tener consecuencias penales y patrimoniales para quienes persistan en ese camino.
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La decisión fue revelada luego de una reunión de gobernadores en Bogotá y confirmada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Los mandatarios departamentales alegan que, bajo la figura de renta cedida, el impuesto dejaría de ingresar directamente a los departamentos y pasaría al Gobierno nacional, afectando sus finanzas. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior la respuesta fue inmediata y contundente.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley”, advirtió el ministro Armando Benedetti, quien fue más allá al señalar que esta postura implica una grave extralimitación de funciones. “La Corte Constitucional es quien tiene esa función, si ellos dicen que no se acata la ley están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, afirmó. Según el jefe de la cartera política, los gobernadores que persistan en desconocer el decreto “podrían incurrir en prevaricato” y exponerse a denuncias penales.
Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional estén quién tiene esa función, y si ellos dicen que no se acata la ley usurpan las funciones de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/Us0adklnWi
— Armando Benedetti (@AABenedetti) January 15, 2026
El mensaje fue aún más claro al advertir que las consecuencias no serían solo jurídicas. “También podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, agregó Benedetti, dejando sobre la mesa el riesgo de que los mandatarios terminen pagando de su propio bolsillo los recursos que dejen de recaudar por no aplicar la norma.
En el centro de la controversia está el gobernador de Antioquia, quien se convirtió en el primero en anunciar abiertamente que no acatará el decreto. Rendón sostuvo que el departamento se amparará en la excepción de inconstitucionalidad y afirmó que “Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica”. Incluso fue más lejos al asegurar que “hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”.
Desde el Gobierno nacional, esta postura es vista como una apuesta arriesgada que desconoce que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado de fondo y que, según reiterada jurisprudencia, la suspensión provisional no procede para frenar los efectos de decretos expedidos en estados de excepción. De hecho, el magistrado Carlos Camargo ya fue designado para estudiar el caso y solicitó las pruebas necesarias para proyectar su ponencia, un proceso que podría tardar varias semanas.
Mientras tanto, la llamada “rebeldía” de los gobernadores avanza con anuncios de tutelas, documentos ante la Corte Constitucional y directrices para no aplicar el decreto en las regiones. Pero desde la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior insisten en que desconocer una norma vigente no es un gesto político menor, sino una conducta que puede acarrear sanciones graves.
La advertencia está hecha: el pulso no es solo político, es legal. Y el gobernador de Antioquia, junto a quienes lo siguen en esta cruzada, podría enfrentar consecuencias judiciales y económicas por desafiar un decreto que, hasta ahora, sigue teniendo plena vigencia en todo el país.
