La investigación se abre por una presunta inconsistencia en la contratación de un hidrotanque del barrio Siete de Abril.
La Procuraduría General de la Nación fue la entidad que decidió dar apertura a la investigación. Todo comenzó con una denuncia interpuesta por el empresario Enrique Guzmán, quien le manifestó a las autoridades judiciales que existieron coimas a diferentes funcionarios de la alcaldía por un valor de 3.000 millones de pesos, para gestionar un contrato de construcción de un tanque que permitiera optimizar el caudal del agua.
Según Guzmán, las coimas fueron entregadas en los años 2015 y 2017 por el concepto de las suscripción del contrato, actas parciales, adición y tramites de cuentas de cobro, entre otros.
Ante los juzgados quinto y noveno civil, el demandante se quejó varias veces ante la decisión de separarse de su socio en el proyecto, Carlos Vengal Pérez.
Después, contó que había recibido presiones y hostigamientos para que retirara las denuncias por estas supuestas exigencias para adelantar el contrato, además aseguró que de las dos demandas que presentó una se encuentra en trámite y la otra se falló en contra de sus pretensiones, por lo que manifestó que habría una especie de «boicoteo» para no investigar lo que estaba sucediendo.
Esa fue la principal razón para que la Procuraduría revisará la queja del empresario, Luis Enrique Guzmán, por ello, abrió la investigación preliminar para determinar que sucedió en la Alcaldía de Barranquilla y recoger evidencias sobre las presuntas faltas que se habrían cometido al pedir dinero a cambio de adelantar la construcción del hidrotanque.
