¡Se acaba el privilegio! Unión Tigo-Movistar marca un giro histórico hacia una conectividad justa, equitativa y sin privilegios

La integración de Tigo y Movistar sacude el mercado: por primera vez en años, el dominio de Claro tiembla mientras el país apuesta por una conectividad más justa y con sello social.

En una jugada estratégica que podría cambiar el tablero de poder de las telecomunicaciones en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde, aunque con condiciones, a la integración entre Tigo y Movistar. Según lo explicaron desde la SIC, su decisión no responde a intereses puramente empresariales, sino a una visión “desde una perspectiva de derechos”: ampliar la cobertura, fortalecer la infraestructura y garantizar tarifas justas.

Como lo dijo textualmente la superintendente Cielo Rusique: “hemos estudiado la operación … teniendo por fin la ampliación de la cobertura, infraestructura y garantía de tarifas justas para todos los usuarios, orientando las eficiencias generadas a una competencia más eficiente.”

Muchos la ven como una fusión con sello social: unir fuerzas no para crear un monopolio, sino para derrocar uno ya existente. Claro domina cómodamente el mercado móvil: según datos recientes, tiene más del 50 % del mercado. Con esa posición dominante, es capaz de marcar el ritmo de tarifas y condiciones, dejando poco espacio para que otros operadores le disputen su hegemonía.

Por su parte, Tigo y Movistar, aunque por separado se han quedado muy atrás frente a Claro, lograrían un cartel con músculo: de acuerdo con Portafolio, suman una cuota conjunta de alrededor del 41,5 %. Esta unión no solo será simbólica, sino estratégica: compartirían red, antenas y recursos para reducir costos y escalar mucho más rápido.

Pero no todo es color de rosa: uno de los grandes cuestionamientos es si esta pose de “equilibrio” realmente corregirá la desigualdad territorial en conectividad. Las zonas más remotas del país, donde los privados no invierten por baja rentabilidad, podrían seguir quedándose atrás, a menos que exista un actor con mirada social. Ahí entra en escena Internexa, un operador público impulsado por el Gobierno, con la idea de llegar a “donde nadie más quiere ir”. Esa apuesta suena como la pieza faltante en este rompecabezas: con Tigo + Movistar para disputar el centro, y un operador público para conquistar la periferia.

Desde Millicom (controladora de Tigo) y Telefónica (dueña de Movistar), celebran la decisión de la SIC. Dicen que la estructura resultante les dará una capacidad de inversión inédita para mejorar la red y llevar tecnología a más municipios, especialmente los más desconectados. En paralelo, el Gobierno, que aún tiene parte de Movistar en su poder, analiza usar esos recursos para capitalizar Internexa.

En este escenario, no solo se trata de mercado y competencia: es una cuestión de justicia digital. Porque conectarse mejor no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho. La fusión Tigo + Movistar podría ser el primer paso para lograrlo, pero solo si va acompañada de un proyecto público que garantice que la red no sea un lujo, sino un servicio para todos.

¿Y Claro? Podrá seguir siendo uno de los grandes, pero ya no tan incuestionable si esta operación se ejecuta bien. El nuevo tablero podría marcar el comienzo de una era más equilibrada y con más oportunidades para competir y conectar más allá de los centros urbanos.

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