El Gobierno Nacional dio un golpe sobre la mesa y decidió ponerle fin a lo que calificó como un privilegio injustificado: el subsidio al diésel para vehículos de lujo, oficiales y diplomáticos. Con la expedición del Decreto 1428 de 2025, el Ejecutivo desmonta un beneficio que durante años terminó favoreciendo a quienes menos lo necesitaban, mientras protegía con recursos públicos el consumo de combustible de sectores acomodados. La decisión, anunciada oficialmente este 7 de enero de 2026, fue presentada como una corrección necesaria para sanear las finanzas del Estado sin golpear a los estratos populares ni encarecer el transporte público.
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Desde el Ministerio de Minas y Energía dejaron claro que no se trata de un aumento generalizado del combustible ni de una medida contra la ciudadanía. Por el contrario, el decreto crea un precio diferencial del diésel que solo aplica para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, acercando su valor al precio real de mercado. El transporte público de carga y pasajeros queda completamente excluido, blindando el costo de los alimentos, los pasajes y el bolsillo de millones de hogares colombianos.
#Economía| El Gobierno nacional expidió el decreto que establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel para los vehículos para los vehículos de servicio particular y diplomático con el fin de proteger las finanzas públicas.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 8, 2026
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“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó el ministro de Minas, Edwin Palma, al explicar el alcance de la medida. El funcionario fue enfático en señalar que durante años el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles terminó financiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, generando un alto costo fiscal para el país.
El Gobierno sostiene que este ajuste corrige una distorsión histórica que drenó recursos públicos que hoy hacen falta en sectores estratégicos y en la economía popular. “No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”, reiteró Palma, desmintiendo versiones alarmistas sobre supuestos impactos inflacionarios.
Una medida necesaria, desmontar el subsidio a camionetas diésel particulares que más tienen. Con esto reducimos las brechas sociales y fiscales.
— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) January 7, 2026
Ahora el reto es implementarlo. Y trabajaremos en ello urgentemente.
Subsidios focalizados, transporte público protegido y finanzas… https://t.co/REaSHBhE5T
La implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas, lo que permitirá un seguimiento estricto del impacto antes de extender la medida a otros municipios. Con este enfoque, el Ejecutivo busca evitar traumatismos y garantizar que el ajuste fiscal no recaiga sobre quienes dependen del transporte público para trabajar y movilizarse.
Desde el Gobierno el mensaje es claro: los subsidios no pueden seguir siendo un beneficio para los ricos. En un contexto fiscal complejo, mantener ayudas estatales para vehículos particulares de alto costo resulta insostenible e injusto. El decreto, aseguran, marca un punto de quiebre en la política de combustibles del país, donde los recursos públicos dejan de financiar privilegios y se enfocan en quienes realmente los necesitan.
