Se le cae el castillo al Gobernador uribista de Antioquia: Escándalo de obras fantasmas y coimas lo tiene al borde de la imputación por parte de la Fiscalía

El gobernador Andrés Julián Rendón quedó contra las cuerdas: la Fiscalía alista imputación por peculado y contratos irregulares mientras salen a la luz audios y obras fantasmas que hunden su versión pública.

En Antioquia crece la tensión política mientras el nombre de Andrés Julián Rendón, actual gobernador y figura consentida del uribismo, queda directamente enredado en un escándalo que huele a corrupción del más alto nivel. Señal Investigativa y la Revista Raya destaparon que la Fiscalía ya alista la imputación de cargos contra Rendón por peculado y contratos indebidos, una herida que se abrió en su paso por la Alcaldía de Rionegro y que ahora amenaza con golpear de lleno su mandato departamental.

El periodista Edinson Bolaños, director de la Revista Raya, fue contundente al revelar lo que viene: “La Fiscalía se dispone a imputar cargos contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, por peculado por apropiación de recursos públicos y celebración indebida de contratos, cuando fue alcalde de Rionegro antes de ser gobernador, cuando ejecutó dos CAI que costaron más de 3 mil millones de pesos”, afirmó.

Las investigaciones, que estuvieron “engavetadas” durante meses, muestran que los dos CAI que supuestamente se entregaron nunca aparecieron. Rendón los presentó como obras terminadas en varias intervenciones públicas, pero audios filtrados lo contradicen: él mismo y varios trabajadores admiten que jamás fueron entregados. Una mentira que hoy le pasa factura.

La Fiscalía también rastrea llamadas interceptadas en las que se mencionan nuevos contratos dentro de la Gobernación de Antioquia, incluyendo uno por 50 mil millones de pesos del que, según se escucha en esas conversaciones, se estaría negociando una presunta coima de 5 mil millones. La sombra de Rionegro, lejos de desaparecer, parece haberse extendido peligrosamente hasta su administración actual.

El gobernador, que ha posado como adalid de la transparencia, enfrenta ahora un panorama crítico: una inminente imputación, un historial de obras fantasmas y un entramado de contratos que podría revelar que el modelo de contratación irregular no se quedó en el pasado, sino que se trasladó intacto al poder departamental.

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