¡Se le complicó el camino a Abelardo De La Espriella! Gustavo Petro respalda la ofensiva judicial que busca frenar su posesión a la presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció que respaldará acciones judiciales relacionadas con la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, una decisión que abre un nuevo capítulo político y jurídico a pocas semanas del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto.

El pronunciamiento se produjo a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que el mandatario aseguró que el camino será exclusivamente institucional y descartó cualquier llamado a la violencia. «Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país; solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo», escribió.

La declaración coincide con la iniciativa anunciada por el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez, quien informó que el próximo 7 de julio presentará ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral contra el acto mediante el cual el Consejo Nacional Electoral declaró elegido a Abelardo de la Espriella.

Según explicó Pérez, la acción judicial solicitará dos medidas principales. La primera consiste en la suspensión provisional del acto administrativo que declaró la elección presidencial y la segunda pretende que no se realice la ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto mientras el alto tribunal decide el fondo del proceso. La demanda estará dirigida contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y será estudiada por la jurisdicción contencioso administrativa, competente para resolver este tipo de controversias electorales.

Entre los argumentos anunciados por Pérez figura la necesidad de que se investiguen presuntas conductas ocurridas durante la campaña presidencial. El exmagistrado afirmó que el entonces candidato habría incurrido en hechos que, en su criterio, deberían ser examinados por la Fiscalía General de la Nación, entre ellos «violencia psicológica, amenazas de muerte, instigación a delinquir, hostigamiento y apología del genocidio».

Otro de los puntos planteados hace referencia a la doble nacionalidad del presidente electo y al respaldo público recibido durante la campaña por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pérez sostiene que estos elementos deben ser analizados por el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad.

Petro, por su parte, insistió en que la respuesta del movimiento progresista debe mantenerse dentro de los canales democráticos. En el mismo mensaje señaló que, si el gobierno entrante llegara a afectar derechos conquistados durante su administración, la ciudadanía tiene derecho a ejercer mecanismos de protesta pacífica y de participación reconocidos por la Constitución.

Además del respaldo a las acciones electorales, el jefe de Estado anunció que, una vez concluya su mandato, presentará demandas civiles por injuria y calumnia contra personas que, según afirmó, hayan difundido acusaciones falsas contra él, su familia o el movimiento progresista. El mandatario también denunció presuntos actos de hostigamiento contra sus padres. Aseguró que su madre, Clara Petro, de 83 años, fue objeto de un plantón frente a su residencia en Cajicá y que su padre, de 92 años, habría sido insultado frente a su vivienda en Bogotá. Petro indicó que solicitará los registros correspondientes para acompañar las denuncias.

La estrategia jurídica impulsada por Luis Guillermo Pérez incluye una plataforma digital mediante la cual ciudadanos pueden adherirse como coadyuvantes de la demanda, buscando respaldar formalmente la acción ante el Consejo de Estado.

No obstante, el proceso enfrenta antecedentes relevantes. En junio, el Consejo de Estado rechazó una demanda contra la inscripción de la candidatura de De la Espriella al considerar que ese acto era de trámite y no podía ser demandado de manera independiente. Asimismo, el Tribunal Superior de Bogotá negó previamente una tutela que buscaba impedir su posesión con fundamento en la doble nacionalidad, al concluir que la naturalización en otro país no constituye por sí sola una causal de inhabilidad para un colombiano por nacimiento.

Si la demanda es admitida, corresponderá ahora al Consejo de Estado decidir tanto sobre la solicitud de suspensión provisional como sobre el estudio de fondo de la elección presidencial, en una decisión que marcará uno de los episodios jurídicos más relevantes del actual proceso de transición entre el gobierno saliente y la administración electa.

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