La Fiscalía General de la Nación ha formalizado una acusación contra Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez Cañón, vinculados al caso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los imputados enfrentan cargos por presunto fraude procesal y soborno a testigos, en un proceso que apunta a la manipulación de declaraciones clave en beneficio del exmandatario.
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Durante la audiencia, el fiscal Daniel Hernández presentó detalles que resaltan la complejidad del caso. Según la Fiscalía, en 2017, Samuel Sánchez, en colaboración con el abogado Diego Cadena, habría ejercido presiones para que el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como «alias Víctor», modificara su testimonio, influenciando así el proceso en la Corte Suprema de Justicia. Una de las pruebas presentadas fue una carta, redactada por Sánchez y alias Víctor, que se entregaría al equipo de defensa de Uribe, con el objetivo de perjudicar al senador Iván Cepeda en una investigación en curso.
La acusación también detalla que, en 2018, Enrique Pardo Hasche habría desempeñado un papel crucial desde la prisión de La Picota. Se le acusa de haber presionado a otro testigo, Juan Guillermo Monsalve, para que este se retractara de sus declaraciones sobre los vínculos de los hermanos Uribe Vélez con el paramilitarismo. Durante estas reuniones, Pardo habría descrito a Uribe como una figura casi divina, instando a Monsalve a “unirse al bando correcto”.
#Acusa2 | Enrique Pardo Hasche y Samuel A. Sánchez fueron acusados por la Fiscalía el pasado viernes, por presunto fraude procesal y soborno a testigos, en hechos relacionados con el caso que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe. pic.twitter.com/m4xjE2kHi0
— Cuestión Pública (@cuestion_p) November 5, 2024
La defensa de Pardo Hasche, encabezada por el abogado Manuel Penagos, cuestionó el proceso de la Fiscalía, señalando la falta de respuestas claras sobre los tiempos y las acciones involucradas. Penagos argumenta que su cliente ha sido objeto de investigación durante 2.444 días sin una resolución definitiva, lo que afecta sus derechos fundamentales y los de otros acusados en este caso.
El juez Carlos Alberto Chaparro Martínez ha programado las audiencias de preparación para el juicio en abril de 2025. Este proceso podría marcar un hito en uno de los casos judiciales más mediáticos de la política colombiana, abriendo un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia en torno a la figura del expresidente Uribe.
