Uribe sigue con su idea de eliminar la JEP y regalar impunidad a militares condenados

Uribe propone eliminar la JEP y reducir las penas a militares condenados, una medida que amenaza con abrir la puerta a la impunidad y debilitar la justicia en Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez vuelve a la carga con su conocida retórica de seguridad, esta vez con una propuesta que, más que fortalecer la justicia y las Fuerzas Armadas, parece encaminada a garantizar impunidad. En una reunión con siete generales en retiro, el líder del Centro Democrático dejó claro que su apuesta para el 2026 incluye desmantelar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reemplazarla con un nuevo organismo judicial que, en sus palabras, brinde “seguridad jurídica” a los militares implicados en crímenes de guerra hasta 2016. Además, propuso una medida que ha generado indignación: limitar a solo cinco años la pena máxima para los uniformados condenados por delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

Esta propuesta, más que una estrategia de seguridad, es una afrenta a la justicia y al derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición. La JEP fue creada precisamente para esclarecer los crímenes cometidos en el conflicto, incluyendo los de la Fuerza Pública, con garantías de justicia transicional y sin conceder impunidad absoluta. ¿Por qué entonces Uribe quiere eliminarla? La respuesta parece evidente: posiblemente busca proteger a militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

La idea de reducir a cinco años la pena máxima para los condenados es aún más alarmante. Bajo esta lógica, quienes participaron en ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y otras atrocidades recibirían castigos irrisorios. Se trata de un mensaje nefasto: los crímenes de guerra no serán tratados con la seriedad que merecen, sino con indulgencia. En un país con miles de víctimas aún esperando justicia, esta propuesta no solo es una falta de respeto, sino una peligrosa invitación a la repetición de la violencia.

Uribe enmarca su discurso en la supuesta necesidad de proteger a las Fuerzas Armadas de la “politización” y la “persecución judicial”, pero la realidad es otra. Lo que busca es instaurar un modelo donde los militares no rindan cuentas por sus actos y se garantice su lealtad a un proyecto político que sigue viendo en la guerra una oportunidad de control y poder. Hablar de seguridad sin justicia es simplemente reciclar el fracaso de estrategias del pasado, que solo han profundizado el conflicto.

Las declaraciones del expresidente se dan, además, en un contexto en el que enfrenta un juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal, lo que levanta serias sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

Eliminar la JEP y reducir las penas a los militares condenados no solo es una afrenta a las víctimas, sino un atentado contra el futuro del país. La paz se construye con verdad y responsabilidad, no con estrategias para encubrir crímenes del pasado.

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