Mientras crece la discusión política alrededor del futuro de la educación superior en Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió avanzar en la expedición del decreto que reglamentará la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una norma considerada por el Ejecutivo como uno de los cambios estructurales más importantes para garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas después de más de tres décadas.
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La decisión llega luego de la controversia generada por las declaraciones de la ministra de Educación designada de la administración entrante, Viviane Morales, quien afirmó en una entrevista que será necesario reglamentar un nuevo método para definir la financiación de las universidades públicas debido a la «asfixia financiera» que enfrenta el sistema. Sus palabras provocaron una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, que advirtió sobre el riesgo de modificar una fórmula que, según aseguró, ya fue aprobada por el Congreso y representa un avance histórico para la educación pública.
El mandatario fue enfático al defender la reforma impulsada durante su administración. En un mensaje publicado en la red social X aseguró que la ley vigente garantiza la expansión de la universidad pública y calificó esa inversión como «la verdadera y más grande inversión de Colombia». Petro sostuvo además que gracias a la nueva legislación el país contará con 450.000 cupos adicionales frente a los existentes durante el gobierno anterior, lo que permitirá que cientos de miles de jóvenes accedan gratuitamente a la educación superior.
#POLÍTICA | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) aseguró que las reformas sociales de su Gobierno "deben defenderse" y advirtió que modificar el modelo de financiación de las universidades públicas pondría en riesgo la expansión de la educación superior gratuita.
— Periódico Habitante Siete (@Habitantesiete) July 9, 2026
Según… pic.twitter.com/azzzwCg6AR
Para el Gobierno, la discusión no gira únicamente alrededor de cifras presupuestales, sino sobre el modelo de país que se quiere construir. Petro afirmó que ampliar el acceso gratuito a las universidades públicas significa democratizar el conocimiento y reducir las brechas sociales que durante décadas limitaron las oportunidades de millones de colombianos.
Según se ha revelado, el proyecto de decreto ya fue elaborado por el Ministerio de Educación y busca dejar completamente reglamentada la reforma antes del cambio de gobierno. Los documentos desarrollan la forma en que deberán distribuirse los nuevos recursos, establecen criterios técnicos para el crecimiento anual de los presupuestos universitarios y fijan una ruta de financiación de largo plazo.
Uno de los cambios más relevantes consiste en abandonar el antiguo sistema que durante más de treinta años ajustó los recursos únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor. Durante ese tiempo, mientras las universidades públicas incrementaban significativamente su cobertura, la financiación no creció al mismo ritmo.
🚨¡ATENCIÓN COLOMBIA!#Petro #Educación #EsNoticia 𝗠𝗜𝗡𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗔 𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗔𝗥 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗣Ú𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔𝗦
— Crónica Digital (@calidenunciante) July 9, 2026
La ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo… pic.twitter.com/AIYdSSss6Q
Las cifras reflejan esa realidad. Entre 2000 y 2023, la matrícula de las universidades públicas aumentó 176 %, mientras que las transferencias nacionales crecieron apenas 62 % en términos reales, una diferencia que durante años fue señalada por rectores, estudiantes y organizaciones académicas como una de las principales causas del déficit financiero.
Con la nueva reglamentación, el presupuesto comenzaría a actualizarse utilizando el Índice de Costos de la Educación Superior, elaborado por el DANE, un indicador diseñado para reflejar con mayor precisión cuánto cuesta realmente operar una universidad pública.
El proyecto también contempla un fortalecimiento especial para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales. La meta es que, en cinco años, estas instituciones alcancen una financiación equivalente al 0,07 % del PIB, lo que representaría aproximadamente 1,3 billones de pesos, después de una primera etapa que llevaría la inversión al 0,05 % del PIB, cerca de 927.000 millones de pesos.
Entregamos un país con más de 425 mil nuevos estudiantes en la U pública y gratuita.
— MinEducación (@Mineducacion) July 15, 2026
En el #EmpalmeAnteElPueblo les contamos cómo se fortaleció el sistema público en el Gobierno de @petrogustavo para que la educación se garantice como un derecho y no un privilegio. 🇨🇴 pic.twitter.com/LgVDAOyBVf
La apuesta del Gobierno va mucho más allá del corto plazo. La memoria económica del proyecto calcula que entre 2027 y 2040 la inversión adicional alcanzaría 22,1 billones de pesos, recursos orientados a cumplir una meta ambiciosa de cobertura del 80 %, lo que significaría incorporar alrededor de 830.000 nuevos estudiantes al sistema público de educación superior.
El decreto también incorpora mecanismos de seguimiento, transparencia y evaluación permanente. Las universidades deberán elaborar planes institucionales con metas verificables relacionadas con ampliación de cobertura, permanencia estudiantil, bienestar, infraestructura, fortalecimiento académico e investigación. La asignación de recursos estará acompañada por procesos de rendición de cuentas y evaluación periódica.
En ese contexto, el Gobierno sostiene que la reglamentación busca dar estabilidad a una política pública que no dependa de decisiones discrecionales año tras año. Para el Ejecutivo, dejar definida la metodología antes del cambio de administración representa una forma de brindar mayor seguridad jurídica tanto a las universidades como a los estudiantes.
Está noticia no salió en ningún medio de comunicación. La censuraron.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2026
Favor hacerle un RT
Inauguramos está sede universitaria en Yumbo, Valle, donde se beneficiarán 20.000 estudiantes de manera gratuita.
Es la universidad pública industrial Antonio José Camacho y la sede no… pic.twitter.com/mMTwr2NLyW
Desde distintos sectores universitarios se ha insistido durante años en la necesidad de actualizar el modelo de financiación, argumentando que el crecimiento de la matrícula, la ampliación de la oferta académica y los nuevos desafíos científicos hicieron insuficiente el esquema diseñado en 1992.
La discusión continuará en los próximos días, pero el Gobierno Petro insiste en que la prioridad debe ser consolidar un sistema que permita ampliar el acceso gratuito, fortalecer la educación pública y garantizar que las futuras generaciones encuentren en la universidad una oportunidad real de movilidad social. En esa línea, el presidente ha reiterado que invertir en conocimiento constituye una de las herramientas más poderosas para reducir las desigualdades y fortalecer el desarrollo del país.
