Una nueva y grave denuncia sacude el panorama político a pocas semanas de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. En las últimas horas comenzaron a circular pantallazos de conversaciones internas que, según la denunciante, evidenciarían un presunto entramado de constreñimiento electoral y compra de votos ligado a Cambio Radical, un libreto que, otra vez, despierta indignación y rechazo por su descaro.
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La ciudadana Stefany Gómez reveló que contratistas y trabajadores temporales de la Fiduprevisora y del Fondo Nacional del Ahorro la contactaron para contarle cómo, presuntamente, les estarían exigiendo hacer campaña política como condición implícita para conservar su empleo. “Ya no es un rumor, ya no son chismes, es el viejo método, el método Cambio Radical”, denunció Gómez, quien aseguró que a estas personas les estarían pidiendo listados de hasta 40 votantes “verificables”, fotografías de carros con microperforados instalados, pendones en sus propias viviendas y asistencia obligatoria a reuniones políticas.
Los mensajes conocidos hablan por sí solos. En uno de ellos se lee: “Esto es lo que nos envían en el FNA… todo para que les pasemos una lista de 40 personas que no estén comprometidas con nadie y que voten por Oscar Marín, por Cambio Radical”. En otro, la presión aumenta: “El lunes necesitan las fotos con el microperforado, lo están pidiendo como ya… recuerden que son entre 3 y 5”. Incluso se fijan plazos urgentes para entregar listados y material gráfico, bajo un tono que deja poco margen a la voluntariedad.
Para Gómez, no se trata de simple proselitismo. “Aquí no están pidiendo votos, están comprando obediencia”, afirmó con contundencia, señalando directamente a Óscar Marín, candidato a la Cámara por Cambio Radical, como el principal beneficiario de estas presuntas prácticas. “Esto confirma lo que todos sabemos: Cambio Radical funciona como una empresa de compra de votos y constreñimiento electoral. El mismo libreto, los mismos actores, la misma presión de siempre. Eso es una bajeza y es un delito”.
La denuncia cobra aún más gravedad a la luz del Código Penal colombiano. El artículo 387 es claro al señalar que quien “amenace o presione por cualquier medio” a un ciudadano para obtener apoyo electoral puede enfrentar penas de entre cuatro y nueve años de prisión, sanción que se agrava cuando hay subordinación o cuando se condiciona el acceso a beneficios laborales o estatales. Justo el escenario que describen los trabajadores que, según la denunciante, temen perder su sustento si no obedecen.
Stefany Gómez aseguró que ya radicó denuncias formales ante la Fiscalía y la Procuraduría, y pidió la intervención inmediata de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y del presidente Gustavo Petro para proteger a los contratistas involucrados. “La dignidad de un trabajador no es una moneda de cambio para llenarles las urnas”, sentenció. “La política en Armenia y en el Quindío no puede seguir dependiendo del voto obligado y comprado. Me cansé de ver cómo Cambio Radical, elección tras elección, destruye la democracia en el Quindío. No me voy a quedar callada”.
Las autoridades guardan silencio por el momento, y la indignación crece. Las imágenes, los mensajes y el testimonio ponen nuevamente a Cambio Radical en el centro de una tormenta ética y judicial.
