Cuarenta y ocho horas. Ese es el plazo que puso el Juzgado 38 de Familia de Bogotá a los accionados para responder dentro de la tutela que busca esclarecer cuánto dinero recaudó la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cómo fue utilizado y quién controla esos recursos. La organización pertenece a Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De la Espriella y fue creada apenas unas semanas antes de la posesión presidencial.
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La cifra seguía sin conocerse públicamente casi un mes después de que el senador Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado y miembro del Pacto Histórico, radicara un derecho de petición el 24 de agosto. El interrogante adquiere mayor dimensión porque la fundación de Pineda no cuenta con experiencia en atención o recolección de donaciones y, aún así, fue promocionada como uno de los canales para recibir los multimillonarios recursos destinados a los damnificados del devastador terremoto del 10 de agosto. Además, esta organización es la habilitada para recibir recursos internacionales.
La acción judicial tiene el radicado 1100131100-38-2026-00590-00 y no está dirigida exclusivamente contra Pineda. También fueron accionados el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. El despacho les concedió 48 horas corridas para pronunciarse sobre los hechos planteados y presentar los descargos correspondientes.
¡El Juzgado 38 de Familia de Bogotá admitió la tutela contra el @DapreCol! Es inaudito que tengamos que recurrir a la justicia ordinaria para que respondan una pregunta tan básica: ¿cuánto dinero recaudó la Fundación Colombia Luz y Sonrisas de la Primera Dama para los… pic.twitter.com/0OCkGFo8s3
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) September 22, 2026
El documento divulgado por la oficina de Ocampo agrega una advertencia judicial considerable. Si los accionados no responden dentro del término establecido, el juzgado señaló que aplicará el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que contempla la presunción de veracidad. Esto significa que el juez puede tener por ciertos los hechos expuestos en la tutela cuando el informe requerido no sea rendido oportunamente.
La controversia tiene detrás una tragedia gigantesca. El terremoto del 10 de agosto alcanzó una magnitud de 7,4 y había dejado 335 muertos y 4.516 heridos. Fue precisamente frente a esa emergencia que surgió la campaña Colombia, Un Solo Corazón y se difundieron distintos canales privados para recibir aportes económicos y materiales destinados a los damnificados.
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas tiene además una particularidad que aumentó los cuestionamientos públicos. Fue constituida formalmente apenas el 7 de julio de 2026, poco más de un mes antes del terremoto y cuando Abelardo De la Espriella ya era presidente electo. Pineda aparece como su representante legal y la organización comenzó con un patrimonio inicial de $10 millones, según información del RUES citada por medios nacionales.
Después del terremoto, esa joven organización terminó ubicada junto a entidades con una trayectoria considerablemente mayor. Los tres canales promovidos para recibir donaciones económicas fueron Colombia Luz y Sonrisas, la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO. Además, se reportó que la fundación de Pineda era el canal habilitado para recibir aportes desde el exterior.
#ImpactoCP | Un juez de Bogotá le dio 48 horas al Gobierno Nacional para exponer la información relacionada a las donaciones que recaudó la fundación de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, en medio de la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’. pic.twitter.com/XkIR02dwDW
— Cuestión Pública (@cuestion_p) September 22, 2026
No se trató únicamente de una campaña privada circulando discretamente por redes sociales. Diferentes integrantes del Gobierno difundieron los mecanismos para aportar. El entonces vicepresidente promovió públicamente Colombia, Un Solo Corazón y compartió los datos bancarios de las organizaciones receptoras, incluida la fundación representada por Pineda. Esa utilización de canales institucionales es uno de los elementos que alimentó las solicitudes de transparencia sobre el dinero recaudado.
La campaña también exhibió resultados importantes en ayudas materiales. Se informó que Colombia, Un Solo Corazón reportó durante los primeros días más de 1.500 toneladas de víveres y suministros y más de 120.000 litros de agua potable. Dos caravanas trasladaron adicionalmente más de 610 toneladas de ayuda hacia Chocó y Risaralda, con participación empresarial, institucional y de organizaciones sociales.
Pero toneladas de alimentos, litros de agua y donaciones monetarias son asuntos contables diferentes. La tutela impulsada por Ocampo se concentra precisamente en conocer cuánto dinero ingresó, cómo se ejecutó y cuáles mecanismos de auditoría existen sobre los fondos recibidos por Colombia Luz y Sonrisas.
Ese punto resulta fundamental porque Ocampo había aclarado anteriormente que no estaba afirmando la existencia de un delito. Su exigencia era otra. “Estamos exigiendo lo mínimo que le debe cualquier gobierno a un país que acaba de sufrir una tragedia, trazabilidad”, declaró el congresista cuando comenzó a reclamar información sobre las donaciones canalizadas después del terremoto.
🚨🔎¿Por qué los recursos que deben aliviar la emergencia y la reconstrucción terminan en las arcas de una persona jurídica particular, en este caso la Fundación de la Primera Dama?
— Wally. (@MeDicenWally) September 8, 2026
Quizás, el objetivo de todo esto es evadir el Estatuto General de Contratación Pública y… pic.twitter.com/bwuFUAFajZ
Ahora su discurso se endureció. “Es inaudito que tengamos que recurrir a la justicia ordinaria para que respondan una pregunta tan básica”, manifestó Ocampo después de conocerse la admisión de la tutela. El senador cuestionó que hubiera transcurrido casi un mes sin conocer cuánto recaudó la fundación de la primera dama, cómo se gastaron los recursos y quién se encargó de auditarlos.
La primera dama quedó así en medio de una discusión que mezcla solidaridad privada y exposición institucional. Ya se había advertido desde agosto que Colombia Luz y Sonrisas encabezaba los canales anunciados para recibir donaciones directas y se había hecho mención a que la primera dama no es una funcionaria pública. La coincidencia entre su papel visible en la campaña y su condición de representante legal abrió interrogantes sobre controles y transparencia.
También se ha puesto el foco sobre otro aspecto significativo. A diferencia de El Minuto de Dios y ABACO, Colombia Luz y Sonrisas no tenía experiencia previa en recolección y administración de recursos para emergencias. La organización acababa de ser creada semanas antes y, sin embargo, pasó rápidamente a integrar la estructura utilizada para recibir multimillonarias donaciones tras una catástrofe nacional.
Precisamente por esa razón, las cifras solicitadas resultan decisivas para aclarar la controversia. Cuánto entró, de quién provino, cuánto salió, hacia dónde fue destinado, cuáles soportes existen y quién realizó la auditoría son preguntas verificables que permitirían distinguir entre las sospechas políticas formuladas alrededor de la fundación y lo que efectivamente ocurrió con los recursos.
#Política | El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo (@alejoocampog), radicó un derecho de petición para conocer información sobre los fondos y ayudas recaudados por la fundación de la primera dama durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, al… pic.twitter.com/y0XluHXUa9
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 24, 2026
Ana Lucía Pineda también ha tenido una participación pública comprobable en la respuesta humanitaria. La fundación aparece trabajando con organizaciones como Global Empowerment Mission y Solidaridad por Colombia en distribución de alimentos, agua, productos de higiene, tiendas de campaña y otros elementos. La respuesta de las entidades accionadas podrá aportar ahora la dimensión financiera que todavía reclama el senador Ocampo.
La pelota quedó finalmente en el terreno de las respuestas documentadas. El juez no ha condenado a Pineda ni ha establecido que las donaciones hayan sido desviadas. Lo que existe es una tutela admitida después de la falta de respuesta denunciada por Ocampo y un plazo judicial de 48 horas para pronunciarse. Después de una tragedia nacional y una movilización millonaria de solidaridad, las cuentas tendrán que hablar.
