¡La “fiebre de las placas”! El defensor Camargo sigue el indignante ejemplo de Barbosa y deja su nombre grabado en mármol con recursos públicos

Carlos Camargo deja su huella en la Defensoría, pero no por sus logros: polémicas placas de mármol desatan indignación y cuestionamientos legales.

La gestión de Carlos Camargo en la Defensoría del Pueblo no ha pasado desapercibida, pero no precisamente por sus logros. Su nombre quedó grabado, literalmente, en placas de mármol colocadas en al menos 10 sedes regionales de la institución. Estas placas, que resaltan su paso por la entidad, han desatado una ola de críticas, especialmente porque su instalación contraviene normas legales y parece más un acto de vanagloria que de reconocimiento legítimo.

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Camargo, quien dejó su cargo para asumir como vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, ha sido señalado por utilizar recursos públicos para dejar una huella simbólica. Las placas fueron instaladas en sedes regionales como Sucre, Bolívar, Cauca, Arauca, Córdoba, Magdalena y Antioquia, incluso en edificios que ni siquiera habían sido inaugurados formalmente. Esto generó malestar entre empleados de la entidad, quienes señalaron que la instalación no solo era innecesaria, sino también ilegal.

Según el decreto 2759 de 1997, está prohibido instalar placas o monumentos que lleven el nombre de personas vivas en bienes públicos. A pesar de esto, Camargo siguió adelante con la iniciativa, en un gesto que muchos califican de prepotente y carente de sensibilidad frente a las verdaderas necesidades de la Defensoría.

Esta práctica no es nueva. El exfiscal Francisco Barbosa, conocido por su afán de autopromoción, también generó polémica con placas similares durante su paso por la Fiscalía. Las similitudes no se limitan a los nombres grabados: ambos dejaron cuestionamientos relacionados con contrataciones irregulares y gestiones opacas. En el caso de Camargo, destaca la contratación con la Universidad Sergio Arboleda, la misma institución que hoy lo tiene en su equipo directivo.

Para los empleados de la Defensoría, estas placas no representan un motivo de orgullo. Por el contrario, reflejan una desconexión con las necesidades reales de la entidad y un gasto que bien podría haberse destinado a fortalecer la defensa de los derechos humanos en el país. Además, la responsabilidad del pago por estas placas recayó en los defensores regionales, lo que añade una capa de irregularidad a la situación.

En Antioquia, por ejemplo, la instalación de la placa generó una rápida reclamación por parte del personal, quienes argumentaron que este tipo de prácticas desvirtúan la misión de la Defensoría y contravienen los principios de legalidad.

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