¿Investigación encubierta o acoso político? El mediático episodio al que se enfrenta el medio de investigación Cuestión Pública pinta un nuevo capítulo oscuro en la relación de Álvaro Uribe con la prensa crítica. Según el portal, el expresidente no presentó un derecho de petición formal, sino que hizo una curiosa “consulta” para exigir saber: ¿Quién los financia? ¿Cuál es su enfoque editorial? ¿Tienen lazos con periodistas o políticos que le son incómodos?

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“Hace un mes, el expresidente Álvaro Uribe nos envió un derecho de petición. Preguntó quién nos financia y si influyen en nuestro enfoque editorial. Le respondimos con apoyo del Veinte, pero queremos hacer público este hecho. Porque cuando un expresidente le solicita esa información a un medio independiente, no es una simple averiguación, es un acto que puede interpretarse como intimidatorio”, denunció el medio en un video.
La petición ocurrió poco después de que Cuestión Pública consultara al exmandatario sobre lo ocurrido en el Parqueadero Padilla y tras su condena en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos. “La petición llegó luego de que le consultamos a Uribe sobre los hechos ocurridos en el Parqueadero Padilla y del cubrimiento que hicimos de su juicio por fraude procesal y soborno a testigos en el que fue condenado en primera instancia. No creemos que sea una coincidencia”, advierten.
El expresidente Uribe nos tiene en la mira. Luego de que le preguntamos por su relación con el Parqueadero Padilla (el allanamiento a las finanzas del paramilitarismo en Antioquía) y del cubrimiento que hicimos de su juicio, empezó a indagar por nuestras fuentes de financiación.… pic.twitter.com/He40wPnMap
— Cuestión Pública (@cuestion_p) October 9, 2025
Uribe exigió mayor precisión: pidió conocer si el medio tiene contratos, colaboraciones o donaciones con el periodista Daniel Coronell, el senador Iván Cepeda, el abogado Miguel Ángel del Río, el defensor Reinaldo Villalba, o el exfiscal general y actual ministro de Justicia, Eduardo Montalegre. “Si lo tuviéramos y no lo hubiéramos informado, debíamos rectificar”, afirmó. Pero Cuestión Pública respondió contundente: “no tenemos ni hemos tenido ninguna relación contractual o monetaria con las personas que menciona, salvo las de carácter periodístico, realizadas con rigor y bajo todos nuestros estándares de calidad.”
Para el medio, esta exigencia tiene un tono autoritario: “Consideramos que esa solicitud tiene un tono de censura, una presión que podría buscar influir en nuestro trabajo periodístico. En Cuestión Pública no nos vamos a dejar intimidar. Seguiremos haciendo periodismo independiente, riguroso y valiente. Y ojo, informar no es un delito.”
El episodio adquiere mayor gravedad cuando el Centro Democrático, partido del cual Uribe es líder, proclama en público: “Libertad de prensa: pilar fundamental de la democracia.” ¿Es real ese compromiso o sólo una fachada discursiva?
Libertad de prensa: pilar fundamental de la democracia. pic.twitter.com/VVnBMlAB8B
— Centro Democrático (@CeDemocratico) October 2, 2025
Cuestión Pública no es un medio cualquiera: es conocido por sus reportajes incisivos sobre la relación entre Uribe y la trama Odebrecht, entre otros casos polémicos. En ese contexto, la exigencia presidencial parece menos inocente y más medida de presión directa.
No es la primera vez que Uribe recurre a tácticas agresivas contra periodistas críticos. En 2023, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó sus acusaciones contra Daniel Coronell, recordando fallos judiciales que obligaron al expresidente a rectificar acusaciones estigmatizantes. Además, otros periodistas han sido víctimas de hostigamientos vinculados con cuestionamientos al expresidente.
Durante los gobiernos del señor expresidente @AlvaroUribeVel sufrí persecución, mi familia y yo fuimos objeto de seguimientos ilegales probados judicialmente, además de señalamientos falsos y campañas de desprestigio. Hoy ÉL presenta como defensor de la libertad de prensa. https://t.co/R6KoVoz818
— Daniel Coronell (@DCoronell) October 3, 2025
Lo que hoy sucede con Cuestión Pública va más allá de una simple solicitud: es una señal. Una señal de que el poder político, y más concretamente, el poder legado de Uribe, no está dispuesto a tolerar que indaguen sus pasos oscuros sin responder con embestidas. Que un expresidente descarte los cauces legales habituales y envíe una consulta intimidatoria revela con elocuencia el riesgo que corre el periodismo independiente cuando toca temas que incomodan las viejas estructuras de poder.





