¡Se acaba el privilegio! Unión Tigo-Movistar marca un giro histórico hacia una conectividad justa, equitativa y sin privilegios

La integración de Tigo y Movistar sacude el mercado: por primera vez en años, el dominio de Claro tiembla mientras el país apuesta por una conectividad más justa y con sello social.

En una jugada estratégica que podría cambiar el tablero de poder de las telecomunicaciones en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde, aunque con condiciones, a la integración entre Tigo y Movistar. Según lo explicaron desde la SIC, su decisión no responde a intereses puramente empresariales, sino a una visión “desde una perspectiva de derechos”: ampliar la cobertura, fortalecer la infraestructura y garantizar tarifas justas.

Como lo dijo textualmente la superintendente Cielo Rusique: “hemos estudiado la operación … teniendo por fin la ampliación de la cobertura, infraestructura y garantía de tarifas justas para todos los usuarios, orientando las eficiencias generadas a una competencia más eficiente.”

Muchos la ven como una fusión con sello social: unir fuerzas no para crear un monopolio, sino para derrocar uno ya existente. Claro domina cómodamente el mercado móvil: según datos recientes, tiene más del 50 % del mercado. Con esa posición dominante, es capaz de marcar el ritmo de tarifas y condiciones, dejando poco espacio para que otros operadores le disputen su hegemonía.

Por su parte, Tigo y Movistar, aunque por separado se han quedado muy atrás frente a Claro, lograrían un cartel con músculo: de acuerdo con Portafolio, suman una cuota conjunta de alrededor del 41,5 %. Esta unión no solo será simbólica, sino estratégica: compartirían red, antenas y recursos para reducir costos y escalar mucho más rápido.

Pero no todo es color de rosa: uno de los grandes cuestionamientos es si esta pose de “equilibrio” realmente corregirá la desigualdad territorial en conectividad. Las zonas más remotas del país, donde los privados no invierten por baja rentabilidad, podrían seguir quedándose atrás, a menos que exista un actor con mirada social. Ahí entra en escena Internexa, un operador público impulsado por el Gobierno, con la idea de llegar a “donde nadie más quiere ir”. Esa apuesta suena como la pieza faltante en este rompecabezas: con Tigo + Movistar para disputar el centro, y un operador público para conquistar la periferia.

Desde Millicom (controladora de Tigo) y Telefónica (dueña de Movistar), celebran la decisión de la SIC. Dicen que la estructura resultante les dará una capacidad de inversión inédita para mejorar la red y llevar tecnología a más municipios, especialmente los más desconectados. En paralelo, el Gobierno, que aún tiene parte de Movistar en su poder, analiza usar esos recursos para capitalizar Internexa.

En este escenario, no solo se trata de mercado y competencia: es una cuestión de justicia digital. Porque conectarse mejor no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho. La fusión Tigo + Movistar podría ser el primer paso para lograrlo, pero solo si va acompañada de un proyecto público que garantice que la red no sea un lujo, sino un servicio para todos.

¿Y Claro? Podrá seguir siendo uno de los grandes, pero ya no tan incuestionable si esta operación se ejecuta bien. El nuevo tablero podría marcar el comienzo de una era más equilibrada y con más oportunidades para competir y conectar más allá de los centros urbanos.

También te puede interesar

¡Lalis y Daniel Monroy demandan a Abelardo y buscan tumbar su polémico decreto! Lo acusan de poner en riesgo el derecho a la protesta social y piden frenar las nuevas reglas para las manifestaciones

El Decreto 1525 de Abelardo de la Espriella enfrenta una ofensiva judicial por sus cambios a las reglas de protesta social. Laura Beltrán, Daniel Monroy y Camilo Torres acudieron al Consejo de Estado para cuestionar la norma, exigir garantías constitucionales y solicitar medidas que impidan posibles restricciones a manifestaciones pacíficas.

Leer más »

¡Petro se va con toda contra Eva Ferrer, Angie Rodríguez y Semana! Anuncia acciones judiciales por las graves acusaciones realizadas sin pruebas

Las acusaciones contra Gustavo Petro y Verónica Alcocer desatan una batalla judicial que alcanza a Eva Ferrer, Angie Rodríguez y la revista Semana. El abogado Alejandro Carranza anuncia acciones penales y civiles, cuestiona la falta de pruebas y advierte posibles delitos, mientras Fiscalía y Procuraduría examinan las denuncias públicas.

Leer más »

¡Senador Wally denuncia entrenamientos de la fuerza pública en plena Casa de Nariño horas antes de las marchas contra Abelardo! Crecen temores sobre intimidación a los manifestantes

Las marchas contra Abelardo de la Espriella desafían el ambiente de tensión provocado por su decreto sobre protesta social. El expresidente Gustavo Petro respalda las movilizaciones y Fecode denuncia posibles presiones contra los docentes. Entretanto, el senador Wally cuestiona entrenamientos policiales en inmediaciones de la Presidencia, horas antes de las concentraciones nacionales.

Leer más »

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de cookies