JEP expulsa al exjefe de seguridad de Uribe por mentir sobre sus nexos con las AUC

Explota otro escándalo del uribismo: la JEP expulsó al general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, por negarse a aportar verdad sobre sus vínculos con las AUC.

El general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo, quien fuera nada menos que jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe, quedó oficialmente expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP no solo le cerró la puerta, sino que lo devolvió de golpe a la justicia ordinaria tras concluir que incumplió de forma grave el régimen de condicionalidad y que jamás aportó verdad real sobre sus vínculos con el paramilitarismo.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas fue tajante: su permanencia en el sistema transicional era insostenible por su “actitud procesal negacionista y reticente”. Pese a haber sido condenado en Estados Unidos por conspirar para apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Santoyo insistió ante los magistrados colombianos en desconocer los hechos. En audiencia llegó a decir sin titubeos: “Yo me declaré culpable por conveniencia (…) firmé el acuerdo de culpabilidad por estrategia de la defensa”. Una frase que para la JEP resultó inaceptable y contradictoria frente a una verdad judicial ya establecida.

El hombre que protegía al presidente Uribe mientras el país ardía en medio del conflicto fue señalado de haber puesto su poder y su cargo al servicio de estructuras paramilitares. Como comandante del Gaula en Medellín entre 1997 y 2001, según la investigación de la Fiscalía, habría facilitado interceptaciones ilegales y persecuciones contra defensores de derechos humanos, entre ellos miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). La JEP recordó que negó sistemáticamente cualquier responsabilidad en la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, ocurridas en octubre del 2000.

A pesar de las pruebas y testimonios que lo vinculan con jefes paramilitares, Santoyo optó por el libreto de la negación total. Cuando fue confrontado por supuestos sobornos y relaciones con cabecillas, respondió: “Es completamente falso, no conozco, ni conocí a ese señor el ‘Tuso Sierra’, ni mucho menos recibí dineros de la oficina de Envigado”. También negó nexos con alias “Don Berna” y otros jefes de las AUC, pese a las múltiples declaraciones que lo señalan.

La justicia transicional concluyó que sus intervenciones fueron “insuficientes”, llenas de evasivas y “justificaciones exculpatorias”. Incluso la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas informó que la información entregada por el exgeneral “no ha sido efectiva para contribuir al proceso de búsqueda”. Para la Sala, sus acercamientos fueron “vacíos e inocuos” y una aparente estrategia para simular colaboración.

La consecuencia es demoledora: perdió todos los beneficios, incluida la privación de la libertad en unidad policial, y ahora el Inpec deberá coordinar su traslado a un centro de reclusión ordinario. Sus procesos regresan a la Fiscalía, donde enfrentará cargos por desaparición forzada, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El golpe no solo alcanza a Santoyo. Su nombre quedó para siempre ligado al gobierno de Álvaro Uribe, del que fue hombre de confianza en materia de seguridad. Que el jefe de seguridad presidencial haya terminado confesando apoyo a una organización paramilitar y luego intentando desmarcarse de su propia admisión en tribunales extranjeros es un escándalo que vuelve a sacudir esa época. La JEP fue clara: quien no dice la verdad, no puede quedarse en la justicia de paz. Y Santoyo, según el alto tribunal, eligió el camino de la negación.

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