¡Los recicladores le ganan el pulso a Galán! Alcaldía tuvo que recular tras protestas por decreto que los perseguía

Tras protestas, bloqueos y presión judicial, los recicladores de Bogotá obligaron a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán a ceder y modificar el Decreto 014 de 2023, una norma que denuncian como persecutoria y contraria a sus derechos laborales.

Los recicladores de oficio, cansados de decomisos, persecución y de ver su sustento arrojado a la basura, se tomaron las calles el pasado 22 de diciembre y obligaron al gobierno de Carlos Fernando Galán a echar reversa en la aplicación del Decreto 014 de 2023, una norma que el propio Distrito defendía como “no negociable” y que hoy está en proceso de modificación tras la presión social y judicial.

Cerca de 500 recicladores protagonizaron bloqueos intermitentes el 22 de diciembre, movilizándose desde la calle 100 hacia el centro de la ciudad para denunciar que la norma estaba siendo usada para incautar material reciclable ya recuperado, impidiendo su venta y vulnerando su derecho al trabajo. La molestia creció al señalar que estos residuos terminaban en el relleno sanitario Doña Juana, en abierta contradicción con el principio de aprovechamiento y con el rol que la ley les reconoce como actores fundamentales del servicio público de aseo.

“Nos están incautando el material listo para vender. Esto vulnera nuestros derechos y nos deja sin sustento”, denunció Olga González, lideresa de Ecoalianza, una frase que sintetizó el malestar de un gremio históricamente golpeado por decisiones administrativas que desconocen su realidad diaria. Los recicladores insistieron en que el Decreto 014 pasa por alto fallos de la Corte Constitucional que protegen su actividad y que, bajo el argumento del orden público, se estaba criminalizando su trabajo en el espacio público.

Desde la Alcaldía, el tono inicial fue de choque. El secretario general del Distrito, Miguel Silva, escribió en su cuenta de X que “la aplicación de las normas no es negociable y mucho menos ante bloqueos y vías de hecho”, defendiendo los operativos y reiterando que el decreto “prohíbe la separación de residuos en el espacio público”. Sin embargo, esa postura terminó desdibujándose cuando la presión en las calles y los pronunciamientos judiciales dejaron a la administración sin margen de maniobra.

La Corte Constitucional intervino con medidas cautelares al advertir que el nuevo esquema de aseo ponía en riesgo “grave e inminente” los derechos al trabajo y al mínimo vital de la población recicladora. A este llamado se sumó la Procuraduría, que anunció un acompañamiento para garantizar el cumplimiento del Auto 2059 de 2025 y de la sentencia T-724 de 2003, recordándole al Distrito que no puede desconocer las acciones afirmativas ni los avances logrados por el gremio.

Con el escenario en contra, la Alcaldía de Galán terminó cediendo. Tras una reunión con los representantes de los recicladores, se anunció la modificación del Decreto 014 de 2023, especialmente de su artículo noveno, para alinearlo con la normativa nacional y con el Decreto 1381 de 2024 del Ministerio de Vivienda. Magda Barinas, vocera del gremio, confirmó que “en la reunión se realizaron unos acuerdos para que efectivamente se modifique el decreto 014”, sellando una victoria que parecía impensable días atrás.

El proceso de revisión contará con la participación directa de los recicladores y tendrá plazos definidos para su ajuste y promulgación. Mientras tanto, el Distrito se comprometió a reorientar los operativos y a evitar acciones que sigan afectando la economía del sector. Lo cierto es que, pese al discurso inicial de firmeza, la Alcaldía tuvo que retroceder.

El resultado es claro: los recicladores le ganaron a Galán. El decreto que se defendía como intocable terminó siendo negociado, el mensaje de “no es negociable” quedó en evidencia como un gesto fallido, y un gremio históricamente invisibilizado logró frenar una política que, según denuncian, buscaba perseguirlos en nombre del orden.

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